Ultimátum judicial: Alcaldía de Bucaramanga ‘frena’ la recuperación del Parque de las Mejoras Públicas

A cuatro meses del fallo, la Alcaldía de Bucaramanga no ha radicado los trámites para recuperar el Parque de las Mejoras Públicas. Juez dio 15 días.

Publicado por: Danilo Cárdenas

Cuatro meses después de que la justicia ordenó recuperar el Parque de las Mejoras Públicas para que quede en manos del Municipio, la Alcaldía de Bucaramanga todavía no ha radicado los documentos necesarios para cumplir el fallo.

La situación quedó en evidencia este miércoles 4 de noviembre, durante la audiencia de verificación del cumplimiento, realizada por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

Allí, el juez le dio 15 días a la administración para iniciar los trámites ante el Concejo, la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

El pasado 1 de julio, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía anunció a Vanguardia una postura de “acatamiento inmediato” del fallo y gestiones ante esas mismas entidades. Le puede interesar: Parque de Las Mejoras Públicas: Alcaldía de Bucaramanga inicia acciones para cumplir el fallo

Actualmente, este parque de cerca de 13.000 metros cuadrados, ubicado en la comuna 13, sigue bajo la administración de la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), de carácter privado, pero el fallo judicial establece que debe ser entregado al Municipio antes de finalizar este año.

El conflicto jurídico se originó en una acción popular interpuesta por la comunidad, que cuestiona que un espacio de vocación colectiva permanezca bajo la propiedad privada de la SMP. Mientras los fallos judiciales sostienen que el terreno debe ser un área de uso público y acceso libre, la sociedad defiende la legitimidad de sus títulos y la inversión histórica realizada en su mantenimiento.

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó el 26 de junio la sentencia de primera instancia, de marzo de 2023, que amparó los derechos de la comunidad al espacio público y a un ambiente sano. Le dio al municipio seis meses para recuperar el parque, un término que vence a finales de diciembre.

Durante la audiencia del pasado 4 de noviembre, en la que quedó conformado el comité que vigilará el cumplimiento de la sentencia, el juez advirtió que durante 20 a 25 años la sociedad privada impidió el uso del predio como un bien público. “Tenemos que ponernos a trabajar, ponerle manos a la obra”, afirmó. Añadió que las órdenes deben cumplirse mientras no exista otra decisión judicial que las modifique.

El despacho le dio a la Alcaldía un plazo de 15 días para radicar ante el Concejo el proyecto de acuerdo que reorganice la Sociedad de Mejoras Públicas como entidad pública. Es decir, tiene hasta el jueves 26 de noviembre. En el mismo plazo deberá enviar a la Cámara de Comercio y a la Oficina de Instrumentos Públicos los documentos que soportan el fallo y solicitar una medida de protección sobre el predio para evitar que sea negociado.

Tres días después deberá rendir un informe. También le ordenó verificar si los establecimientos comerciales que funcionan dentro del parque cumplen los requisitos de ley.

El apoderado del municipio, el abogado Cristian David Montezuma, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), presentó un cronograma de seis meses dividido en cuatro fases. Éste comienza con la instalación de una mesa técnica y termina con la recuperación física del predio. Reconoció, sin embargo, que el documento aún espera el visto bueno de la Oficina Jurídica y que no ha habido acercamientos con la Sociedad de Mejoras Públicas.

Ahí está la principal tensión del caso. El Tribunal fijó seis meses contados desde su fallo de junio, pero el plan de la administración contempla otros seis meses de trabajo. El juez no amplió el plazo y anunció que estudiará el cronograma antes de pronunciarse sobre sus tiempos. Si las órdenes no se cumplen, la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares, prevé un incidente de desacato. En ese trámite se pueden imponer multas de hasta 50 salarios mínimos, conmutables por arresto de hasta seis meses. Lea: Primicia: Fallo ordena que el parque de las Mejoras Públicas debe ser de acceso público

El funcionario explicó que la administración debe surtir trámites internos para evitar que las solicitudes resulten fallidas, como el levantamiento topográfico del predio con coordenadas exactas. Ante las observaciones del juez, se comprometió a adelantar las solicitudes ante las distintas entidades durante los primeros diez días hábiles de ejecución del plan.

El apoderado del Concejo precisó que la corporación no ha recibido ningún proyecto. La reestructuración debe ser iniciativa de la Alcaldía e incluir estudios de costos y fuentes de financiación. La Cámara de Comercio, por su parte, indicó que espera la documentación del municipio.

Para la Junta de Acción Comunal de Mejoras Públicas, que promovió la acción popular, el balance es negativo. Su abogado sostuvo que el cronograma pudo haberse elaborado la víspera de la audiencia y que el parque “sigue estando cerrado”. Le pidió al juez fijar términos improrrogables y dejar constancia en el acta para que, en caso de incumplimiento, se abra un incidente de desacato. Se trata de la sanción que prevé la ley cuando no se cumple una orden impartida en una acción popular.

No recae sobre la entidad, sino sobre los funcionarios responsables de ejecutar la orden. En este caso, como la mayoría de las tareas están en cabeza de la administración municipal.

La multa puede llegar a 50 salarios mínimos, conmutables por arresto de hasta seis meses, y se evita si se cumple antes de que la sanción quede en firme.

Diego Torres, vecino e integrante de la JAC, calificó el avance como “nulo o mínimo” y cuestionó si los locales que operan en el parque tienen los permisos correspondientes. Erick Fernández, presidente de la junta, relató que la mesa técnica acordada con la Secretaría Jurídica no se ha vuelto a reunir.

La apoderada de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, Claudia Arciniegas, leyó una certificación de la junta directiva. En ella, la entidad advierte que no “devolverá” ni “entregará” el parque y que se atendrá a lo que resuelva el Consejo de Estado sobre la tutela que interpuso contra el fallo. En la audiencia no se informó de ninguna decisión de ese alto tribunal que suspenda la sentencia.

Según la SMP, el terreno le fue donado en 1939 por la Compañía de Fomento Urbano de Santander, mediante la Escritura Pública 1217 de la Notaría Primera de Bucaramanga. A juicio de la entidad, hablar de “devolver” el predio supondría reconocer a un propietario anterior, que, en su interpretación, sería quien hizo la donación. Le recomendamos: Parque de las Mejoras Públicas: cinco claves para entender por qué pasará a manos de la Alcaldía de Bucaramanga

En agosto, la organización informó que en la tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad de asociación, al acceso a la justicia y a la propiedad privada. Sostiene, además, que ha pagado los impuestos del predio y que los ingresos de los arrendamientos se destinan al mantenimiento del parque.

Mientras la SMP anuncia que no entregará el inmueble y espera una decisión del Consejo de Estado, la Alcaldía deberá demostrar ante el juzgado que comenzó los trámites para cumplir la sentencia. El juzgado revisará nuevamente los avances cuando la administración presente su informe a comienzos de diciembre.