domingo 18 de diciembre de 2022 - 12:00 AM

Informe especial: La devastadora minería ilegal de oro ya está en Bucaramanga

Este año han sido capturadas 79 personas por minería ilegal de oro en Bucaramanga. Además, se ha incautado mercurio. Este impacto ambiental pasaría desapercibido para la ciudad. Además, expertos coinciden en que ha faltado control, revisión y autoridad para afrontar y frenar los delitos ambientales, ‘ecocidios’ y afectaciones a los ecosistemas de Santander por parte de la Gobernación y las alcaldías.
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Las explosiones se escuchan casi siempre pasadas las tres de la mañana. Su sonido seco despierta a algunos habitantes de barrios como Estoraques, Monterredondo y Manzanares, entre otros, ubicados muy cerca de la escarpa occidente de Bucaramanga.

En estas comunidades, desde hace por lo menos seis meses, la gente intuye que algo extraño ocurre en la zona del talud que los bordea. Del fondo de esta área, que cubre también una zona boscosa, atravesada por quebradas, provendrían los fuertes sonidos. - Se ha visto gente extraña por esos lados.

Vecinos afirman que hace unas semanas observaron personas con armas ‘largas’, parecían como estar vigilando algo. ¿Qué? No sabemos, preferimos no ir por allá...

Lo afirma un residente de estos barrios, que por miedo, pide no revelar su nombre, ni la ubicación de su casa. Otra persona agrega que en estos barrios se difundió con insistencia la versión que sería más rentable ir a buscar oro a esta escarpa, que seguir en el comercio informal o trabajar en los talleres de zapatería, algunas de las actividades económicas de los habitantes de esta zona de Bucaramanga.

- Varios vecinos dicen que dejaron de trabajar en zapatería por ir a buscar oro por los lados de la escarpa donde termina el barrio. Eso es lo que se afirma, pero nadie se atreve a ir hasta allá por temor. En toda esa área sabemos que hay minería de oro, incluso uno los puede ver trabajando desde el puente de La Novena y otros sectores.

Este segundo residente, también con miedo, asegura que desconoce quién o quiénes, desde hace por lo menos seis meses, recorren esta zona de vegetación, con protección especial de la autoridad ambiental, en búsqueda de oro. Además, lanzó una alerta que debería preocupar a las autoridades.

- Si realmente están extrayendo oro, preocupa la estabilización del talud de estos barrios. Tal vez no se vea reflejado de forma inmediata, pero a futuro, si siguen impactando la montaña, puede peligrar la estabilidad de nuestro barrio por la remoción de masas...

El testimonio de este ciudadano la corroboraron esta semana a Vanguardia funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, quienes explicaron que el fenómeno de la minería ilegal del oro se registra desde hace un tiempo en algunas zonas del área metropolitana de Bucaramanga.

Producto de esta actividad ilícita, el año pasado la Policía Nacional capturó a 70 personas relacionadas con delitos ambientales derivados de la extracción de oro en varias zonas de la escarpa de Bucaramanga. Hasta noviembre pasado, el número de mineros ilegales detenidos, algunos sin mayor experiencia en este oficio, ascendía a 79, incluidos dos menores de edad.

En los operativos realizados por unidades del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con acompañamiento de la Cdmb (autoridad ambiental), se ha incautado mercurio. Una gota de este metal basta para contaminar más de 30.000 litros de agua potable. De hecho se presume que este metal pesado, dañino para la salud humana, habría contaminado quebradas como Chapineros o La Cuyamita, entre otras (donde se ha detectado minería ilegal en Bucaramanga), que terminan desembocando en los ríos Frío y Oro, y consecutivamente en el río Lebrija.

El mercurio se utiliza en la minería para separar el metal de la piedra extraída. Este elemento químico se adhiere al oro, formando una amalgama. Según los expertos en salud, este es el uso más contaminante que se le puede dar a este metal pesado. Se presume que no siempre el mercurio utilizado en este proceso se recicla, así que esta sustancia puede quedar en la superficie del agua o llegar hasta los sedimentos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “una vez está en la tierra, el mercurio cambia su forma química, principalmente a través del metabolismo de bacterias u otros microbios, y se convierte en metilmercurio, la forma más peligrosa para la salud del ser humano y del medio ambiente”.

Una vez los mineros ilegales tienen la amalgama, ocurre otro proceso que genera gran preocupación para las autoridades ambientales por los altos índices de contaminación. Esta amalgama muchas veces se calienta a cielo abierto para que se evapore el mercurio y quede el oro. Cuando esto ocurre sin ‘retorta’ (recipiente que se coloca invertido sobre la amalgama mientras se quema para que el vapor de mercurio quede atrapado y se condense), los vapores de mercurio escapan al aire y son inhalados por los mineros y demás personas que se encuentren cerca.

Se estima que esta práctica produce emisiones atmosféricas de mercurio de alrededor de 300 toneladas métricas anuales en todo el mundo.

Investigaciones ambientales de la ONU determinan que “cuando la amalgamación se realiza manualmente, parte del mercurio se absorbe directamente a través de la piel del minero. Generalmente, la amalgamación y el quemado se hacen sin tomar medidas de protección (como el uso de retortas o guantes). El vapor de mercurio se deposita también en los hogares, sobre las superficies de preparación de la comida, y cae en el suelo y en las masas de agua locales. El vapor de mercurio representa un peligro no solo para la población local, ya que puede recorrer grandes distancias en la atmósfera”.

A esta situación que ocurre en Bucaramanga se suma una crisis ambiental que se registra en el área de influencia del Páramo de Santurbán, donde en los últimos años, unas 400 personas, coordinadas por mafias, entre locales y foráneos, extraen oro en las 280 hectáreas que le correspondía explorar a la multinacional canadiense Eco Oro. Buena parte de ese terreno está en zona del Páramo de Santurbán. En la actualidad esta área, abandonada a su suerte por el Estado tras la salida de Eco Oro del territorio, carece de la presencia permanente de las autoridades. Son las “mafias” las que deciden quién entra y sale de las minas”. Estos mineros integran un mercado negro de comercialización de mercurio entre Bucaramanga y la provincia de Soto Norte. Esta actividad genera altos índices de contaminación en las cuencas hídricas, como el río Suratá, cuyos índices de contaminación han excedido los límites permitidos por las normas sanitarias, según reportes obtenidos en la bocatoma del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

¿Quiénes son los mineros de Bucaramanga?

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, aseguraron a Vanguardia que este año han desarrollado 17 operativos contra la minería ilegal de oro en Bucaramanga. En estas acciones se ha identificado que estos mineros ilegales son personas que residen principalmente en los barrios colindantes a la zona de explotación minera.

“Estas personas, que residen en asentamientos subnormales, son en su mayoría desplazados del conflicto armado o migrantes. Tienen, además, poca experiencia en minería. Solo unos pocos, según hemos detectado, provienen de minas del sur de Bolívar. No hemos identificado que detrás de ellos existan grupos organizados, más bien son personas que trabajan por su cuenta. En los operativos hemos encontrado que utilizan mercurio, hecho que preocupa...”, expresó uno de los funcionarios al frente de estos operativos en la Cdmb.Una vez son conducidos por la Policía, se les abre un proceso penal y recuperan la libertad, ya que muchos de estos delitos ambientales son excarcelables. Mientras la investigación avanza en la Fiscalía, estas personas regresan casi siempre a la actividad ilegal. Son varios los casos de personas reincidentes que son detenidas por la autoridad.

Estos mineros, en la mayoría de los casos, no construyen socavones, como ocurre en el municipio de California. Su actividad ilegal se desarrolla aplicando agua a presión sobre la montaña para generar el desprendimiento de la roca. De allí, mediante un sistema rudimentario de canaletas, llevan el mineral a la zona donde se realiza el lavado con mercurio. Debido a la precariedad de estos procedimientos, el riesgo de contaminación es muy alto.

“Por un lado se registra un riesgo de contaminación con mercurio en los afluentes y, por el otro, se generan graves daños al talud por procesos de socavación y remoción de masas. Estas zonas son protegidas ambientalmente y el impacto de esta minería genera graves daños a los ecosistemas...”, precisó una fuente de la Cdmb.

¿Qué hace la Alcaldía de Bucaramanga?

La Procuraduría General de la Nación convocó el pasado jueves a una nueva mesa de trabajo interinstitucional de seguimiento a la problemática de la minería ilegal y contaminación con mercurio de la cuenca del río Suratá. La reunión, a la que asistieron delegados de los ministerios de Ambiente y Minas, la Gobernación de Santander, la Cdmb, las alcaldías de Bucaramanga y municipios de la provincia de Soto Norte, entre otras instituciones, se desarrolló en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, sede Bucaramanga. En la cita se verificaron los compromisos, planes y proyectos de esas entidades frente a las denuncias sobre minería ilegal, tráfico de mercurio y contaminación de fuentes hídricas. Gustavo Guerrero, delegado ambiental de la Procuraduría, le dijo a Vanguardia que les inquieta el tema de la minería ilegal de oro en Bucaramanga y el uso de mercurio en esta actividad. “Nos preocupa este tema. Le preguntaremos a la Alcaldía de Bucaramanga qué acciones realiza frente a este fenómeno que ustedes denuncian...”.

Vanguardia intentó sin éxito conocer una respuesta del mandatario Juan Carlos Cárdenas, pero pese a múltiples intentos, no fue posible conocer su opinión al respecto.

Panorama departamental

Precisamente este tipo de denuncias de minería ilegal llevaron a que 60,02 puntos fuera la calificación de Santander en la categoría de medioambiente del reciente informe del Índice de Riesgos Subnacional del 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que la región tiene un riesgo muy alto y ocupa la última posición entre los 32 departamentos y Bogotá.

En palabras coloquiales: Santander se rajó en el cuidado de sus ecosistemas. “Santander es el departamento con más riesgo ambiental, según el Índice de Riesgos Subnacional 2022”, se lee en el informe.

Dicha categoría tiene la finalidad de evidenciar las afectaciones ambientales e informar a las empresas que quieren invertir en la región sobre la incidencia departamental de delitos y acciones que impactan los ecosistemas, los recursos naturales y la salud. Y para llegar a esta evaluación se tuvieron en cuenta cuatro variables que identifican al aprovechamiento irregular de recursos y los daños ambientales en Santander.

El informe reveló que, durante el 2021, de acuerdo con los datos recogidos, en Santander se registraron 166 casos de delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, siendo el segundo territorio donde más se presentó este delito, después de Bogotá. Hubo 62 casos por delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, lo que equivale a ser el tercer departamento donde más se dio esta infracción, después de Antioquia y Boyacá.

Asimismo, se registraron 78 casos por delitos de daños en los recursos naturales y ‘ecocidio’, lo que corresponde a la segunda región donde más sucedió este hecho, después de Meta.; y se registraron 22 casos por delitos de contaminación ambiental, lo que representa la tercera, después de Bogotá y Cundinamarca.

“Estos resultados demuestra los problemas medioambientales del departamento y en qué áreas el sector empresarial puede participar para fortalecer y/o reparar los ecosistemas, con el fin de hacer parte de iniciativas que permitan consolidar relaciones entre el sector público, las comunidades y el sector empresarial”, concluyó el informe.

Estos resultados concuerdan con las denuncias y seguimientos publicados por Vanguardia sobre la contaminación de mercurio en el río Suratá de los últimos meses.

Análisis

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, firma encargada del Índice de Riesgos Subnacional, precisó que, a pesar de que Santander es un departamento de riesgo medio en general, cuando se va al detalle es una región que experimenta mayores riesgos medioambientales, ubicándose en el último lugar del país. Incluso riesgos políticos, en el que ocupa la posición 23 de 32 departamentos y Bogotá.

“Hay cuatro variables que nosotros analizamos para esta categoría, que son el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, en donde Santander está ubicado en la casilla 29 de 33; la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros, donde ocupa la posición 18 de 33; los daños en los recursos naturales y ‘ecocidios’, está en el puesto 18 de 33; y el indicador de contaminación ambiental, en donde ocupa la casilla 12”, describió Guzmán.

Enfatizó en que estos eventos medioambientales asociados a la minería ilegal y a la contaminación hicieron de Santander el mayor riesgo en Colombia en este aspecto.

“A grandes rasgos, un empresario santandereano no se siente en un lugar de media tabla del país, creo que ve gran potencial y futuro en su región, pero lo que está deteniendo que Santander logre llegar a los principales lugares de atracción de inversión son los asuntos medioambientales”, precisó Guzmán.

A renglón seguido, agregó que si los próximos alcaldes, concejales, diputados y el gobernador de Santander quieren que el departamento mejore tienen que ponerle cuidado a los delitos ambientales, al monitoreo de estos y a la preservación de sus hábitats naturales.

¿Por qué a Santander le va mal en lo medioambiental?

Vanguardia consultó a dos expertos en este tema para entender lo que está pasando en la región, cuáles son las causas y consecuencias. Erwing Rodríguez-Salah, líder cívico y ambiental de Santander, afirmó que estos resultados “reflejan la falta de presencia del Estado con su institucionalidad, especialmente de las autoridades ambientales regionales”.

Para él, la falta de un control efectivo es una de las causas. Paralelo a esto, está la falta de las respectivas sanciones para los infractores ambientales, lo que conlleva a la impunidad, “que es el mejor incentivo para el aumento de los delitos ambientales. Si el Estado ni siquiera es capaz de controlar y sancionar las infracciones ambientales de la minería legal, menos lo hará con la minería ilegal”, aseveró Rodríguez-Salah.

En esto coincide la ingeniera Claudia Santoyo Muñoz, especialista en Microbiología Ambiental, quien identificó la deficiente gestión institucional como la principal causa, a lo que agregó la falta de cultura ambiental ciudadana para la protección de los recursos naturales.

“Existe una deficiente gestión de las entidades con responsabilidad ambiental en el departamento, para implementar acciones que busquen la conservación de los recursos naturales. Entre las problemáticas está la contaminación del recurso hídrico, esencial para la vida”, señaló la académica.

De acuerdo con Santoyo, hay otras dos razones por las que Santander hoy está en riesgo mediodambiental. La primera, por la falta de implementación de sistemas eficientes para el tratamiento de agua residual e industrial en el ámbito municipal; y la segunda, por la carencia de sistemas para el manejo adecuado y disposición de residuos sólidos, como se puede observar en Bucaramanga y su área metropolitana y en la mayoría de los municipios de la región.

“Es importante proteger los lugares donde nace el agua, caso del Páramo de Santurbán, pero qué hacemos los que consumimos y utilizamos el agua, qué hacemos con el agua residual que generamos y termina en los ríos, como el caso de Río de Oro. Se habla mucho de arriba, pero de abajo no hacemos nada o mejor poco”, advirtió la académica.

Por su parte, Rodríguez-Salah recordó un caso para ilustrar lo que pasa. Explicó que la Cdmb aún no resuelve un proceso sancionatorio contra la transnacional Minesa, que data del 21 de noviembre de 2017, por presunta infracción de la legislación ambiental por su túnel de exploración El Gigante, “cuyo nombre se cambió a ‘El Emboque’, quizás en un intento por disimular la magnitud del daño. Es decir, el proceso sancionatorio ya cumplió cinco años el pasado 21 de noviembre, sin que conozcamos su fallo”.

Cultura ciudadana

A la académica Santoyo, como se mencionó anteriormente, le preocupa la cultura ciudadana hacia el medioambiente.

“Si como seres humanos, pensantes, no cambiamos la forma de ver e interactuar con el medioambiente, consideraría que es difícil preservarlo y conservarlo. Por ejemplo, el tráfico ilegal de fauna silvestre en Santander es un caso de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, que se presenta porque existe un “consumidor ignorante ambientalmente” que tienen animales silvestres como mascotas o consume la carne o los huevos, fortaleciendo un negocio que pone el riesgo la salud de los ecosistemas”, sostuvo.

Finalizó diciendo que los santandereanos han decidido el dinero sobre la vida y “es así como la explotación ilícita de la minería (metales y materiales de cantera) es otra razón muy fuerte que está afectando los recursos naturales del departamento”.

Movilizar hacia la reflexión

El abogado y docente Miguel Contreras Landinez, asesor jurídico del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, reiteró que Santander presenta el mayor riesgo ambiental a nivel nacional por los constantes eventos que afectan a la naturaleza y su biodiversidad.

“Esto nos debe movilizar hacia la reflexión para buscar alternativas desde los instrumentos jurídicos y la pedagogía por la conciencia ambiental. Tenemos un departamento con paisajes hermosos, pero al mismo tiempo, si no mejoramos el rumbo no podremos adaptarnos al cambio climático por lo que sería una nueva etapa de crisis que demandaría inversión de tiempo y recursos”, indicó Contreras.

Respecto a la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, el abogado revisó algunos títulos mineros y encontró que algunos no superan el examen de legalidad, por ejemplo, uno en entre San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, donde se estima explotar 500.000 toneladas de carbón cada año en 1.949 hectáreas.

“No sobra mencionar que este proyecto ha generado una fuerte oposición social en las comunidades de estos municipios, por considerar entre otras cosas, el cambio de la vocación agrícola campesina a minero industrial en el territorio”.

El experto aseveró que la ilegalidad en el departamento no rinde cuentas o no es vigilada provocando afectaciones fuertes en los ecosistemas. “Es lo que sucede con las concentraciones de mercurio en el río Suratá, que en opinión del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga se debe a la minería en la parte alta de la cuenca, por ende, si la comercialización y uso de mercurio y las medidas de control para la importación y comercialización del mercurio se encuentran reguladas y prohibidas en la Ley 1658 de 2013 y el Decreto 2133 de 2016 ¿Por qué se encuentran trazas de mercurio en el agua cruda del río Suratá que abastece a un millón de habitantes?”, se preguntó.

Agregó que en la región son frecuentes los eventos de derrame de crudo o afloramientos, algunos naturales y otros provocados por la intervención de las personas, ya sea por fallas técnicas o por el aprovechamiento ilícito como la instalación de válvulas para el hurto y comercialización en una economía ilegal. A esto lo llamó daños en los recursos naturales, ‘ecocidio’ y contaminación ambiental.

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Periodista económico en Vanguardia. Ganador del premio Simón Bolívar a mejor reportaje en audio en 2023. Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad de Caldas. Comunicador Social – Periodista, de la Universidad Pontificia Bolivariana.

@MiguelOrlandoAM

malguero@vanguardia.com

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