Así lo aseguró este viernes en Bucaramanga el superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán Prieto, quien socializó el proyecto de ley radicado en el segundo semestre de 2011 en el Congreso de la República, mediante el cual se establecen sanciones administrativas para el sector y se modifican algunas normas existentes.
Publicado por: LAURA ROJAS
Uno de los aspectos trascendentales de la propuesta comprende lo correspondiente al servicio de transporte púbico y escolar. La iniciativa contempla sanciones equivalentes a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $56 millones 670 mil, contra las empresas que incurran en alguna de las doce sanciones allí expuestas.
Entre otras se destacan no iniciar la prestación del servicio en el término señalado, no suministrar a los usuarios información sobre los servicios ofrecidos como tarifas y horarios o proveer información engañosa, errada o inoportuna. No capacitar anualmente al personal de información, vigilancia, aseo, conductores y afines o negarse a prestar el servicio a personas con discapacidad acompañadas de su perro de asistencia, también será sanción negarse a prestar el servicio a personas con notorias limitaciones físicas o movilidad reducida.
De acuerdo con el funcionario son tres puntos importantes los que se destacan dentro del proyecto. “El primero es determinar unas medidas cautelares que sirvan como guía y ayuden a evitar eventos críticos dentro del sector, el segundo es ampliar la posibilidad de sancionar a cualquier persona natural o jurídica que infrinja una norma de transporte, y por último, lograr que el régimen sea simplificado y fácil de entender con 18 artículos”.
También cabe resaltar que el proyecto contempla una infracción general que afectará a toda persona que vulnere una norma por omisión o por sanción. “Esta multa sería equivalente a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes”, es decir, $11 millones 334 mil.
Durán Prieto explicó que el proyecto surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la entidad en los sectores administrativo y financiero. “El tercer componente que aún falta es la visión tecnológica y tecnificación de los procesos de la Superintendencia de Puertos y Transporte”, puntualizó.
El primer debate del proyecto de ley será en marzo próximo y se espera que a final de este año o a comienzos de 2013 sea aprobada.
