Uno de los municipios aledaños al proyecto de Hidroituango está en la lista.
Publicado por: Colprensa
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, publicó un auto en el que ordena a varias autoridades antioqueñas remitir información sobre los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en distintos puntos del departamento, uno de ellos en los municipios aledaños al proyecto de Hidroituango.
“La JEP solicita al Gobernador de Antioquia, a EPM y a la empresa SOCYA entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños al proyecto Hidroituango. También solicita al alcalde de Medellín información sobre búsqueda de personas desaparecidas en esa ciudad, en especial en la comuna 13”, precisa el documento del tribunal para la paz.
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¿Qué ordena?
El documento ordena 24 acciones puntuales para que sean cumplidas por alcaldes, defensores regionales, funcionarios de la Fiscalía adscritos a Justicia y Paz, gobernadores y representantes de empresas que entreguen datos concernientes a personas desparecidas en los territorios en los que tienen jurisdicción.
La decisión fue elevada por la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad, dependencia que procura el cuidado, la protección y la preservación de varios municipios de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre.
La sospecha es que en esas poblaciones existan áreas con cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada. En otras palabras, se presume que en esos sitios haya fosas comunes.
¿Qué áreas son?
Las 16 áreas estarían ubicadas en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío, La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná, Norcasia, Lebrija, San Vicente de Chucurí, Cimitarra, Aguachica, Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre.
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En el caso concreto de Hidroituango, la JEP le da diez días de plazo al gobernador Luis Emilio Pérez Gutiérrez para que remita a la Sección “el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación SOCYA, que, a partir del contrato celebrado con EPM y con la Fiscalía General de la Nación, se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango”.
Sobre este mismo contrato se solicitó información a Juanita Durán Vélez, subdirectora de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la Fiscalía, y a la representante legal de la fundación SOCYA, Juana Pérez Martínez.
