El expolicía Germán Cáceres, principal implicado en un caso de femicidio que indignó a la sociedad ecuatoriana, llegó este martes a Quito tras ser expulsado de Colombia, donde fue localizado y detenido por las fuerzas del orden de ese país con el apoyo de Interpol.
Publicado por: EFE
Cáceres, detenido el pasado viernes en el departamento colombiano de la Guajira, fue expulsado este martes de Colombia y trasladado a Quito bajo custodia de agentes de Interpol a bordo de un avión de la Policía colombiana.
Los ministros del Interior, Juan Zapata, y de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Jaramillo, acudieron a la terminal aérea "Mariscal Sucre" de Quito para recibir al reo de manos de agentes de Interpol y de la Policía colombiana.
Tras descender de la avioneta policial colombiana que lo trasladó de Bogotá a Quito, Cáceres caminó esposado hasta un edificio donde un agente ecuatoriano recibió el parte de las autoridades colombianas y recibió al imputado.
De momento, no se tiene información sobre el lugar o la cárcel a la que será conducido el expolicía.
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SOBRE EL CASO
Cáceres está implicado en el asesinato de su esposa, la joven abogada María Belén Bernal, quien desapareció el pasado 11 de septiembre cuando fue a visitar a su marido en una Escuela de Policía al norte de Quito, donde trabajaba como instructor.
Diez días después, el cadáver de Bernal fue encontrado en un cerro cercano, enterrada en una zona de matorrales y, según los exámenes forenses, con signos de estrangulamiento.
Según la Fiscalía colombiana, Cáceres llegó hace dos meses -en octubre- a Medellín en una motocicleta para después trasladarse a La Guajira, uno de los departamentos más remotos de Colombia, donde aparentemente se empleó como barman en un establecimiento comercial.
El detenido había huido de Ecuador y tenía una orden de "difusión roja" de la Interpol para su localización y captura.
El caso de Bernal ha indignado y conmovido a la sociedad ecuatoriana y se ha convertido en uno de los hechos más destacados de la violencia contra la mujer al haberse producido dentro de una instalación policial, lo que ha llevado a la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, a calificarlo, incluso, de "crimen de Estado".
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