Las presuntas irregularidades en la ejecución de recursos destinados a los subsidios de gas, se registraron entre 2017 y 2021, es decir durante la administración de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Publicado por: K.D.
La Contraloría General de la República determinó 18 hallazgos administrativos en una auditoría de cumplimiento al Ministerio de Minas y Energía por la ejecución de recursos destinados a los subsidios de gas entre 2017 y 2021.
El ente de control indicó que once de los hallazgos tienen incidencia fiscal y sobrepasan los $52.528 millones, mientras que en otros trece observan connotación disciplinaria, es decir, podrían derivar en un proceso disciplinario.
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"Se verificó el procedimiento utilizado por esta entidad para la asignación, validación y pago de subsidios de gas combustible por red, y el otorgamiento y pago de subsidios al consumo de gas licuado del petróleo por cilindros", explicó la Contraloría.
Además, se investigó en los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento del Gas Natural y allí los principales resultados pasaron por contribuciones no facturadas por seis empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural.
Una visita de la Contraloría les permitió evidenciar que a usuarios industriales y comerciales atendidos por seis empresas entre 2017 y 2021 se les otorgó "la exención de la contribución", por una suma de más de $13,4 mil millones.
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Los usuarios, afirmó el órgano, no demostraron "alguna(s) de las condiciones que define la norma correspondiente para acceder a ella", lo que indica "un inadecuado seguimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía en el cumplimiento de los requisitos".
Asimismo, la entidad encontró que una construcción financiada con recursos públicos en un lote privado de una estación descompresora de gas en Quibdó (Chocó) no está prestando su servicio, sino que está abandonada y "desmantelada por hurto".
Los más de tres mil beneficiarios del proyecto, que corresponden a familias de estratos 1 y 2, no cuentan con el servicio de gas domiciliario, lo que ocasiona un detrimento al patrimonio del Estado por más de $8,158 mil millones.
Por último, la Contraloría subrayó que los controles del aplicativo de subsidios del gas licuado del petróleo por cilindros, establecido por el Ministerio de Minas, "no han sido efectivos", dado que no contempla verificación adecuada de los documentos de los usuarios.
"No contempla como regla de validación que el documento aportado no se encuentre cancelado por fallecimiento del titular, ocasionando con ello un mayor valor pagado a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras" por los subsidios entre 2017 y 2023.
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Ese episodio "genera un detrimento patrimonial por más de $506 millones", concluyó el ente dirigido provisionalmente por Carlos Mario Zuluaga.
