La sanción también recayó sobre exfuncionarios de la secretaría de Educación y la Gobernación como Bely Josefina Gneco y Gerardo Cujia por estar implicados en irregularidades al contratar tecnologías de educación.
Publicado por: K.M.
En un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría ratificó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, por su implicación en irregularidades relacionadas con la contratación de tecnologías de la información y comunicación -TIC en colegios del departamento.
La sanción también fue confirmada para la exsecretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y el exfuncionario de la Gobernación, Gerardo Cujia Mendoza, con una destitución e inhabilidad de nueve años. Estas medidas disciplinarias se derivan de los hallazgos en un contrato por un valor superior a los veinte mil millones de pesos.
La Procuraduría encontró que en el pliego de condiciones se establecieron requisitos de experiencia y capacidad financiera que no se ajustaban al objeto y la cuantía del contrato, lo que limitó la participación de posibles oferentes en el proceso de licitación.
#NoticiasDeLaHora | La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de 10 años impuesta a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) March 18, 2024
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El Ministerio Público determinó que estas exigencias obedecieron a criterios subjetivos o arbitrarios por parte de los responsables que elaboraron el pliego de condiciones, y que no cumplían con los estándares de adecuación y proporcionalidad requeridos por la ley.
En consecuencia, la conducta de la exgobernadora de La Guajira y sus exfuncionarios fue calificada como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Con la confirmación del fallo de segunda instancia, las sanciones impuestas a los investigados quedaron en firme, ya que no se encuentran en ejercicio de cargos de elección popular. Este fallo refuerza la necesidad de transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública, especialmente en el ámbito educativo, donde la inversión debe garantizar el mejoramiento de la calidad educativa de la comunidad.
Con información de Colprensa.
