La Corte Suprema reconoció a Ungrd e Invías como víctimas en el proceso que investiga el millonario desvío de fondos para asegurar votos en el Congreso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanzó este miércoles en el juicio contra los ex ministros de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, señalados por la Fiscalía de articular una “empresa criminal”, que comprometió $612.237 millones del erario público para asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas pensional, de salud y operaciones de crédito público del Gobierno de Gustavo Petro.
La diligencia fue extensa, virtual, y estuvo marcada por dos hitos: el reconocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Contraloría General de la República como presuntas víctimas, tras un receso cercano a cinco horas; y el regreso público a los estrados de Bonilla, en libertad por vencimiento de términos, y de Velasco, conectado desde la Escuela de Carabineros en Cali, donde permanece privado de la libertad.
La audiencia continuará en próximas sesiones y en paralelo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolverá el jueves 30 de abril, a las 9:00 a.m., los recursos de apelación contra la medida de aseguramiento del 18 de diciembre de 2025, que envió a prisión a los dos ex funcionarios.
Inicio de la audiencia y composición de la sala
A las 8:15 de la mañana se instaló, en formato virtual, la audiencia pública de formulación de acusación identificada como Primera Instancia 01525, “proceso seguido contra Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Cháves, exministro de Hacienda y Crédito Público y del Interior”, según el comunicado oficial de la Corte Suprema, firmado en su momento por el magistrado ponente, Jorge Emilio Caldas, y el secretario de la Sala, Rodrigo Ortega.
La diligencia se desarrolló ante el despacho del magistrado Caldas, ponente del caso desde su asignación por reparto el 8 de abril, con la participación de la magistrada Blanca Nélida Barreto, integrante de la Sala Especial de Primera Instancia. La acusación fue liderada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Fernando Sandoval (Fiscal 11).
Por la defensa intervinieron Alejandro Carranza, apoderado de Bonilla, y Rosa Elena Suárez, apoderada de Fernando Velasco. El número de radicación procesal del expediente paralelo en el Tribunal Superior de Bogotá es 110016000000202401730 01.
Solicitudes de reconocimiento de víctimas: Ungrd, Invías y Contraloría
El primer gran punto del orden del día fue la acreditación de víctimas. Tres entidades estatales solicitaron formalmente su reconocimiento como presuntas víctimas: Ungrd, Invías y la Contraloría, representada por Jorge Ernesto Candanoza.
Los representantes de las tres entidades coincidieron en sostener que estas instituciones fueron “instrumentalizadas” por los ex ministros en la presunta concertación delictiva, y que ese uso indebido produjo afectación patrimonial y reputacional, así como un golpe a la función misional de cada una de ellas (atención de emergencias, infraestructura vial y control fiscal).
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El abogado Carranza (defensor de Bonilla) objetó la calidad de víctimas. Argumentó que el exjefe de la cartera de Hacienda no tuvo conocimiento de los efectos de su presunta actuación sobre los recursos de la Ungrd y planteó dudas sobre la actuación de la Contraloría en el seguimiento de los hechos, sosteniendo que ese ente “está sencillamente obrando bajo la teoría de sus propios actos”, al pretender ser víctima de hechos que tenía el deber legal de vigilar.
Carranza señaló además que existen “cabos sin atar” sobre personas que la Contraloría debía vigilar.
La abogada Suárez (defensora de Velasco) afirmó que los representantes de la Ungrd y del Invías acudieron a “un relato impreciso” sobre los hechos investigados y que no presentaron pruebas suficientes para sustentar su acreditación, más allá de lo que consignó la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que se detalla cómo se habrían intentado comprometer $612.000 millones en sobornos y coimas a congresistas.
Tras escuchar a las partes, la Sala decretó un receso cercano a cinco horas para deliberar. Al reanudarse la diligencia (alrededor de las 2:14 p.m., según el seguimiento minuto a minuto de El Espectador), el magistrado Caldas, con respaldo de la magistrada Barreto, reconoció a la Ungrd, el Invías y la Contraloría como presuntas víctimas dentro del proceso, con los siguientes fundamentos:
Sobre la Ungrd: la acusación argumenta que los exfuncionarios habrían convertido a la entidad “en una herramienta para comprar congresistas”, “instrumentalizándola” para lograr favores o fines políticos, situación que “pudo ocasionar graves perjuicios en contra de la entidad”.
Sobre el Invías: el presunto direccionamiento de contratos a congresistas “no respondió a una planificación técnica (...) sino a un intercambio ilícito de beneficios”.
Sobre la Contraloría: la Sala consideró que existen fundamentos suficientes en atención a los posibles impactos sobre los recursos públicos y la función de control fiscal.
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La Sala concluyó que “son claros los motivos de legitimidad que les asisten a las entidades públicas aquí representadas para querer intervenir en este juicio”.
Intervenciones de los Ministros:
Ricardo Bonilla
El exministro de Hacienda, presente junto a su abogado, intervino tras la solicitud de las tres entidades para ser declaradas víctimas. Su tesis central fue que carecía de competencia funcional sobre los recursos discutidos.
En sus palabras textuales: “Yo no soy, como ministro de Hacienda, ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al mismo Ministerio de Hacienda”. Y reforzó: “Yo no soy ordenador del gasto ni en Invías ni en la Ungrd”.
Con esa intervención cuestionó que esas entidades pidieran ser declaradas víctimas en su proceso, en línea con la estrategia defensiva de Carranza.
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Luis Fernando Velasco
El exministro del Interior, conectado desde Cali, fue mucho más beligerante. Sus intervenciones se concentraron en cuestionar la solidez de las pruebas de la Fiscalía y la actuación de la Contraloría. Sus principales declaraciones documentadas durante la jornada:
Reclamo directo al representante de la Contraloría, Jorge Ernesto Candanoza: “Haga un mínimo esfuerzo por reflexionar sobre los contratos endilgados y que no caiga en el juego narrativo de la Fiscalía”.
Denuncia sobre la presunta falta de investigación a Olmedo López por la macro-contratación: “En una emisora de fuerte audiencia nacional se escuchó sobre la contratación que hizo Olmedo López por cerca de un billón cien mil millones de pesos, en una serie de contratos directos, lo que llaman los ciudadanos ‘contratos a dedo’. Yo no veo investigaciones, no veo el interés de la Fiscalía ni de la propia Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para saber qué pasó con esos contratos”.
Sobre su breve paso al frente de la Ungrd y la sobrefacturación de la obra de La Mojana: contó que estuvo a cargo de la Ungrd por aproximadamente un mes, cuando la mayor emergencia eran las inundaciones en La Mojana. En ese momento hizo un estudio de mercado en el que le dijeron que la obra “constaba entre 40 y 45 mil millones de pesos”, pero al entregar la entidad a Olmedo López “me enteré que esa obra habría sido contratada por 139 mil millones de pesos con una empresa en Santander”.
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Cuestionamiento al objeto material de la imputación: enfatizó que la Fiscalía lo está acusando con contratos de la Ungrd que “no se llegaron a perfeccionar” y del Invías que “en su gran mayoría los adjudicó otro Gobierno”.
Con ello, ambos ex ministros centraron su línea de defensa en negar competencia funcional (Bonilla) y en desvirtuar la consistencia probatoria y la configuración del daño (Velasco), insistiendo en que los testigos clave —Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy con principio de oportunidad— habrían incurrido en contradicciones y falsedades.
La acusación de la Fiscalía
El fiscal Gabriel Fernando Sandoval Vargas condujo la presentación del escrito radicado el 7 de abril de 2026 (un documento de 287 páginas). Los puntos principales presentados durante la jornada fueron: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía sostuvo que las conductas se ejecutaron bajo circunstancias de mayor punibilidad, al comprometer recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres y a la infraestructura de transporte; es decir, a la conectividad y movilidad de los colombianos.
Estructura de la “empresa criminal”
Según el ente acusador, los ex ministros integraron una “organización delincuencial” cuyo objetivo era comprar al Congreso para destrabar proyectos clave —reforma pensional, reforma a la salud y operaciones de crédito público—. El esquema operó entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024, periodo en el que ambos encabezaron sus carteras.
La acusación describe una “división de trabajo preacordada” en la que Bonilla y Velasco “impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron las gestiones ilícitas necesarias al interior del Invías y la Ungrd para cumplir los compromisos adquiridos con los congresistas”. A ese esquema se vincularon el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, y el subdirector Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, encargados de destinar y presupuestar los proyectos de obra de emergencia.
Monto comprometido y proyectos
- Total comprometido: $612.237 millones
- 74 proyectos a través del Invías por $571.701 millones
- 5 proyectos en la UNGRD por $40.536 millones
- De los 79 proyectos prometidos, solo siete habrían sido concertados/ejecutados directamente.
Tres contratos puntuales destinados a atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar, por un total de $86.619 millones, son centrales en el expediente.
Distribución por comisiones: 13 proyectos en Comisión Cuarta de Cámara (Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima, Magdalena) por $142.658 millones, además de proyectos para las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado, Comisión Primera del Senado y Comisión Séptima del Senado.
Episodios y reuniones documentadas
Junio de 2023: Velasco habría ordenado a Olmedo López presentarse ante la Comisión Séptima del Senado para acordar contratos con parlamentarios y ampliar mayorías para la reforma pensional, poniéndose a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú.
Septiembre de 2023: en el empalme de las exasesoras de Bonilla, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se dejó constancia de que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar proyectos regionales —los llamados “cupos indicativos”— a favor de congresistas.
18 de septiembre de 2023, Casa La Giralda (Ministerio del Interior): reunión entre Velasco, Bonilla y la exasesora Benavides en la que, según la acusación, “Velasco hizo alusión a las elecciones regionales previstas para octubre, al panorama para el Gobierno en esos comicios y a la necesidad de asegurar el respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebidos”.
Congresistas mencionados
Entre los parlamentarios identificados en la investigación figuran Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y de las comisiones señaladas.
Testigos y elementos probatorios
La acusación se nutre principalmente de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy bajo principio de oportunidad, además de los testimonios de las ex asesoras del Ministerio de Hacienda Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides (esta última figura como testigo clave en el expediente con una “tabla en Excel” sobre cupos indicativos).
Reacciones políticas y públicas
A diferencia del 7 de abril —cuando el presidente, Gustavo Petro, celebró públicamente en X la libertad de Bonilla con frases como “toda una justicia llega a su final. Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla que se podrá defender en libertad” y, antes, había exigido “la libertad inmediata del profesor Ricardo Bonilla” y pedido “a todos los organismos de Derecho Internacional, su protección inmediata”—, hasta el cierre de la jornada del 29 de abril no se registró un pronunciamiento público nuevo del Presidente específicamente sobre el desarrollo de la audiencia de acusación.
El caso continúa siendo encuadrado por el oficialismo como una persecución política, mientras que sectores de oposición y veedurías ciudadanas lo presentan como uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno.
En el contexto inmediato de la audiencia se mantienen vigentes:
La denuncia presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema María Cristina Patiño (Fiscal 9) y Gabriel Sandoval Vargas (Fiscal 11), por presunto prevaricato, fraude a resolución judicial y abuso de autoridad, al considerar que hubo un “vencimiento deliberado” de términos que permitió la libertad de Bonilla.
La permanencia en prisión de los expresidentes del Senado (Iván Name) y de la Cámara (Andrés Calle), de la exalta consejera para las Regiones (Sandra Ortiz) y del propio Velasco, todos vinculados al mismo entramado.
La situación de los ex directores del DAPRE, Carlos Ramón González, y de la Función Pública, César Manrique Soacha, ambos prófugos. Sobre González, la Fiscalía ya pidió a la Interpol la emisión de una circular roja.
El proceso paralelo contra el senador Didier Lobo, llamado a juicio por la Corte Suprema por presuntas irregularidades en contratos.
La situación de la representante Karen Manrique, quien recusó a otra magistrada para frenar su proceso por el caso UNGRD.
Audiencia paralela en el Tribunal Superior de Bogotá
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tenía inicialmente fijada para este miércoles 29 de abril, a las 9:00 a.m. (es decir, 45 minutos después del inicio de la audiencia en la Corte Suprema), una diligencia virtual para resolver los recursos de apelación contra la medida de aseguramiento intramural impuesta el 18 de diciembre de 2025 a los ex ministros por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero.
Sin embargo, por solicitud de aplazamiento presentada por la defensa de Velasco, la audiencia fue reprogramada para el jueves 30 de abril a las 9:00 a.m. La determinación fue firmada por la magistrada ponente Alma Gertrudis Chamat Lozano, integrante de la Sala Penal junto con los magistrados Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal.
En esta diligencia la Sala deberá decidir si mantiene, modifica o revoca la medida de aseguramiento. Tiene un interés particular para Velasco, quien está recluido en la Escuela de Carabineros General Alejandro Gutiérrez en Cali.
Las defensas alegan violación al debido proceso; inconsistencias en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla; y que la fiscal delegada ante la Corte Suprema solicitó expresamente detención domiciliaria, mientras que la magistrada Rosero Baquero optó por la medida intramural, justificándola en el “impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas, especialmente cuando estas se producen desde posiciones de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural”.
Bonilla, aunque está en libertad por vencimiento de términos, conserva vigente su medida de aseguramiento, por lo que la decisión de la Sala Penal también puede afectar su situación jurídica.
