La Fiscalía General de la Nación desmantela una red criminal conformada por cinco miembros de una misma familia, acusados de lavar activos procedentes de actividades de contrabando en Barranquilla.
Publicado por: K.M.
En una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI y el Ejército Nacional, fueron capturados cinco individuos en Barranquilla, Atlántico, señalados de integrar una red dedicada al lavado de activos derivados de actividades ilícitas relacionadas con el contrabando en la región.
Los detenidos fueron identificados como los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, así como sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.
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Según las investigaciones, Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, quien se desempeñaba como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en el aeropuerto de Barranquilla, habría utilizado su posición para facilitar el paso de mercancía de contrabando y evadir los controles aduaneros, a cambio de recibir sumas de dinero.
Se estima que desde el 2020 hasta la fecha, la red habría lavado activos por un total de $5.900 millones y generado un enriquecimiento injustificado de al menos $5.100 millones.
#ATENCIÓN | La Fiscalía puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país. pic.twitter.com/xyIuzLjJk7
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 4, 2024
Como resultado de la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco detenidos los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos y permanecerán bajo detención en su lugar de residencia, según lo dispuesto por el juez de control de garantías.
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Simultáneamente, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre diversos bienes pertenecientes a la familia, incluyendo inmuebles rurales y urbanos, vehículos y ganado, valorados preliminarmente en $5.700 millones. Estos activos quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales -SAE.
La acción de las autoridades representa un golpe significativo contra el crimen organizado y el lavado de activos en la región, demostrando el compromiso del Estado colombiano en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica.
Con información de la FGN.
