Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, fueron denunciados luego de que presentaran ponencia con la que piden formular cargos a la campaña Petro Presidente. Estos son los argumentos del denunciante.
Ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, luego de que presentaran ponencia con la cual buscan formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, por violar topes electorales en 2022.
La denuncia fue presentada por el abogado Elmer Montaña, quien argumenta que los dos magistrados habrían incurrido en el posible delito de prevaricato por acción tras presentar la ponencia que será debatida y votada por los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE.
“Aunque el CNE es el órgano competente para investigar la financiación de las campañas presidenciales, también lo es que no está facultado para acusar o formular cargos en contra del Presidente de la República. Dicha competencia es exclusiva y excluyente de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, de conformidad con lo establecido en el art. 178 de la Constitución Política de Colombia y Ley 5a de 1992, arts. 329 y siguientes”, dice la denuncia instaurada.
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Justamente el abogado Elmer Montaña reafirma la idea del presidente Gustavo Petro de que el órgano electoral no es competente para investigar al Jefe de Estado, pero sí a la campaña con la cual se hizo elegir mandatario de los colombianos, y la cual tuvo que registrar gastos de financiamiento ante el mismo CNE.
“El acto prevaricador se advierte en declaraciones proferidas por el magistrado Prada en contra del presidente Petro (ampliamente difundidas por los medios de comunicación), afines a sectores opositores al Gobierno interesados en desestabilizarlo. Por lo tanto, es evidente que el funcionario denunciado produjo la decisión acicatado por protervos intereses de los cuales pretende seguir beneficiándose”, dice la denuncia.
La ponencia de los magistrados: $6.000 millones ‘volados’
Con una ponencia de más de 100 páginas, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada; y Benjamín Ortiz, buscan que al presidente Gustavo Petro y al gerente de la misma campaña, Ricardo Roa, entre otros, se les formulen cargos por la financiación irregular que habría tenido la contienda en 2022.
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“Resolución por medio de la cual se abre investigación se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”, dice la ponencia de los magistrados que han sido cercanos al Partido Liberal y al Centro Democrático.
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En el documento, que pondrán a consideración de todos los magistrados, se detallaron los aportes que recibió la campaña y que no fueron reportados como lo deben hacer las contiendas ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que regula los topes económicos de las agrupaciones políticas.
El consolidado preliminar del informe señala que el Pacto Histórico, coalición de izquierda que apoyó a Gustavo Petro en la contienda política, omitió reportar gastos superiores a los $3.861.201.833 tanto en primera como en segunda vuelta.
El informe precisa que así ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230. Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
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Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
