Tras ser imputado formalmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió recusar al fiscal Gilberto Villarreal, quien lo llamó a juicio por los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.
De forma sorpresiva y luego de que la jueza del caso resolviera no anular el proceso judicial en su contra, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recusó al fiscal Gilberto Villarreal, quien lo llamó a juicio, argumentando que se han vulnerado sus garantías entre otras posibles irregularidades en el pleito en el que se le acusa de los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.
El documento radicado por Uribe Vélez y su abogado Jaime Granados, pide que se designe un nuevo fiscal en su caso señalando que no se ha ha garantizado “la objetividad e imparcialidad del proceso”.
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“Existen circunstancias objetivas que ponen gravemente en duda su imparcialidad, en este caso, particularmente por su relación de cercanía y confianza, con los doctores Montealegre y Perdomo, sus antiguos jefes y quienes fungen en este proceso como alegadas víctimas”, dice el documento radicado.
Justamente el pasado viernes en medio de la diligencia judicial, la jueza del caso decidió reconocer como víctimas a los dos exfiscales en medio de este escándalo que en 2020 tuvo al líder del Centro Democrático privado de la libertad en casa por cárcel, por decisión en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia.
Tanto Uribe Vélez como su abogado cuestionan el principio de imparcialidad que podría tener el fiscal Gilberto Villareal, toda vez que en medio del caso dos de sus antiguos jefes hacen parte en calidad de víctimas.
“Que esas circunstancias objetivas de duda sobre suimparcialidad se hacen más evidentes y se confirman si se tiene en cuenta que un acto suyo en este proceso, esto es la adición al escrito de acusación, permitió a sus antiguos jefes postularse como víctimas en este proceso, lo cual denota en usted interés en esta actuación”, señala el documento.
La decisión de Álvaro Uribe Vélez y de su abogado Jaime Granados tiene como único objetivo cambiar de fiscal. Si esto ocurre, el nuevo investigador volverá a tener un plazo de 90 días para determinar si el líder natural del Centro Democrático debe ir a juicio o si, por el contrario, pide por tercera vez la preclusión del caso ante la jueza 33 Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá.
