La reforma pensional, que está a tan solo un debate de ser aprobada, se está convirtiendo en el ‘punto de quiebre’ en medio del escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Desde la oposición piden suspender el trámite.
Con menos de 20 días de plazo para que se discuta y se vote en último debate la reforma pensional en la Cámara de Representantes, el trámite podría ‘congestionarse’ toda vez que desde diferentes sectores políticos piden que se suspenda el proceso legislativo debido a que, según Olmedo López y Sneyder Pinilla, exaltos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se habrían comprado congresistas para aprobar las reformas sociales del Gobierno Petro.
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En tan solo tres días la Comisión Séptima de esta corporación aprobó en su tercer debate la reforma pensional y ahora pasará a plenaria de la Cámara de Representantes donde el panorama puede ser un poco más complicado debido a que, en 2023, cuando las bancadas tradicionales no apoyaron la reforma a la salud, el mismo presidente Gustavo Petro reventó la coalición de Gobierno.
Sin embargo, ese no sería el único factor que afectaría el trámite de la reforma pensional.
El escándalo de la compra de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, podría complicar el panorama toda vez que tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla han sostenido que desde el Gobierno se habría dado la orden de comprar congresistas para que se aprobaran las reformas sociales en el Legislativo.
En medio de este escándalo estarían involucrados al menos 30 congresistas y hasta políticos del más alto nivel de la Casa de Nariño como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, entre otros.
¿'Yidispolítica’ 2.0?
Los escándalos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres han estallado al punto de señalar que congresistas fueron comprados para aprobar las reformas sociales en el Congreso de la República, como se hizo hace algunos años cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se quiso reelegir y se compraron congresistas como Yidis Medina.
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Según han dicho Olmedo López y Sneyder Pinilla, al presidente del Senado, Iván Name, se le habrían entregado hasta 3.000 millones de pesos a través de la entonces alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, en plena época electoral en 2023 y cuando las reformas estaban en trámite. De igual forma, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se le habrían dado 1.000 millones de pesos.
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Es por eso que desde diferentes sectores piden que se suspenda el trámite de la reforma pensional, toda vez que habría vicios inconstitucionales y jurídicos.
“El Congreso no puede votar las reformas de Gustavo Petro. Ya sabemos que han rodado más de $300.000 millones para comprar sectores de la política. Las reformas son ilegítimas”, afirmó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid.
“Olmedo López y su subdirector, Sneyder Pinilla, son testigos en la Fiscalía en un principio de oportunidad y la Corte Suprema de Justicia les abrió investigación a los presidentes del Congreso. Entre los acusados, además de los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, están el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el único organismo del Estado que puede abrirle un proceso penal al presidente de la República. Y se esperan los nombres de más congresistas acusados de esta corrupción (...) Estando de acuerdo con el debido proceso y la presunción de inocencia, también es un deber de senadores y representantes proteger las honras del Congreso y de la Nación –en este momento muy cuestionadas por los hechos–, por lo que los invito a suspender el trámite de, por lo menos, la reforma pensional, en la que están juego grandes intereses económicos y políticos, capaces de generar las conductas más antisociales”, pidió el exsenador y exprecandidato presidencial, Jorge Enrique Robledo.
