Entre 2020 y 2023 aumento en un 400 % los casos de trata de menores de edad en el país, según alertó la Procuraduría General.
Publicado por: K.D.
La procuradora, Margarita Cabello, denunció este miércoles el incremento alarmante de la trata de personas en Colombia, señalando un aumento del 400 % en los casos de menores de 12 a 17 años entre 2020 y 2023, en el marco de la “Cumbre Internacional de Frente Contra la Trata de Personas”, celebrada en Cartagena.
En su intervención, Cabello informó que, entre 2020 y 2023, se reportaron 709 casos de este delito, subrayando que el aumento en menores representa una de las situaciones más preocupantes.
“La trata de personas es sufrimiento humano en su forma más despiadada: niños separados de sus familias, mujeres forzadas a renunciar a sus cuerpos, hombres y mujeres sometidos a trabajos forzados bajo amenazas y abusos constantes. Pero es también un llamado urgente a la acción”, expresó.
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La Procuradora también destacó que regiones como La Guajira, el Tapón del Darién y zonas fronterizas han sido identificadas como puntos críticos donde confluyen pobreza, migración irregular y conflictos sociales, factores que facilitan la captación de víctimas por parte de redes criminales.
Asimismo, insistió en que la lucha contra este flagelo requiere un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional.
“Cada uno de nosotros tiene un papel en esta lucha. Proteger a los más vulnerables, exigir políticas públicas efectivas y educar sobre este crimen son pasos esenciales para construir una sociedad que defienda la dignidad humana”, afirmó Cabello.
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La funcionaria cerró su intervención haciendo un llamado a priorizar este tema en la agenda nacional e internacional, señalando que solo con un enfoque integral y sostenido será posible erradicar la trata de personas en el país.
¿Qué dice la ley?
En Colombia, la trata de personas está tipificada como un delito e incurre en este aquel quien capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, y tendrá incurrirá en prisión de 13 a 23 años y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal como lo cita la LEY 985 DE 2005 en su artículo 3 del primer capítulo.
Este delito es una de las peores formas de violación de los derechos a la libertad, autonomía e integridad de las niñas, niños y adolescentes que les impide desarrollar su vida, crecer sanamente y construir su plan de vida.
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El ICBF, al identificar un caso de vulneración por trata de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en Colombia, sin importar su lugar de procedencia, abre Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), toma medidas adecuadas para cada caso y brinda atenciones especializadas para superar los derechos vulnerados y fortalecer a las familias.
