Dos miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial renunciaron de manera irrevocable y denunciaron ante la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría presuntas irregularidades en el concurso de méritos para elegir notarios.
Graves denuncias por presuntas irregularidades en el concurso de méritos para elegir notarios hicieron dos miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial. Este proceso, que busca, basados en el mérito, elegir personas con conocimientos y experiencia para ocupar notarías en el país, estaría en riesgo por la presunta violación de los principios de igualdad, imparcialidad, celeridad, moralidad, eficacia y economía.
Así lo advierte una carta firmada el pasado 19 de agosto por Óscar Fernando Martínez y Soyara Franco, miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial, quienes renunciaron de forma irrevocable a este organismo ante las inconsistencias que han identificado en el proceso de selección de los nuevos notarios. Su denuncia fue instaurada ante la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.
La denuncia advierte que fue designada la Universidad Libre para realizar el concurso de notarios. El Acuerdo Número 01 de 2025 del Consejo Superior de la Carrera Notarial le otorga facultades de resolver reclamaciones en momentos importantes del proceso de selección, calificar las pruebas de conocimiento y las entrevistas, y determinar la lista preliminar de admitidos. En tal sentido, contiene la denuncia, “los aspectos centrales del concurso quedaron por fuera de la órbita del Consejo Superior de la Carrera Notarial”, es decir, todas las decisiones del proceso quedaron en manos de la Universidad Libre.
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“No estamos de acuerdo con la decisión de asignar al operador logístico estas facultades”, señala la denuncia de los dos miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial, quienes advierten que “resulta inevitable preguntarnos cómo podemos cumplir con nuestro deber de velar porque el concurso se desarrolle conforme a principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, si de manera implícita el Consejo se ha despojado del carácter de organismo rector de la carrera notarial…”, aseguran Óscar Fernando Martínez y Soyara Franco. Además, reafirman que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en este contexto, “no podrá tomar decisiones frente a situaciones concretas que se puedan presentar de transgresiones a estos principios”.
Agregan que “dejar en manos del operador logístico, en cuya escogencia no tuvimos participación alguna, las más importantes decisiones, en nuestro parecer, del concurso de notarios, no libera al Consejo de la responsabilidad legal (patrimonial, vía acciones de repetición) por actos y omisiones”.
Preocupa también el alto riesgo de direccionamientos en el proceso de selección de los nuevos notarios. En la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia se establece que “propusimos que el operador fuese el encargado de proyectar las decisiones, pero que estas quedasen en cabeza del Consejo Superior de la Carrera Notarial. No fue aprobado. El argumento de un eventual alto volumen de reclamaciones como razón para que el Consejo se desprenda de sus facultades tampoco lo compartimos. El mayor o menor número de reclamaciones va a depender, en gran medida, de la idoneidad y transparencia de dicho operador, y no podemos hacer menos que presumir que en el proceso en el que fue seleccionado como tal se hizo una debida evaluación de estos factores”, señalan Óscar Fernando Martínez y Soyara Franco.
También preocupa que, a tres meses de la prueba de conocimiento para quienes aspiren a ser notarios, el Consejo Superior de la Carrera Notarial se comprometió a aportar las preguntas. No obstante, “ese tema no ha sido considerado por el Consejo, teniendo en cuenta que este cuestionario tendrá el carácter de secreto y reservado”.
A esta situación se suma que el concurso podría tener un costo de $37.000 millones, “mientras que solo se apropiaron poco más de $8.000 millones. Esta subestimación presupuestal deja en evidencia una planeación deficiente que puede generar sobrecostos”, dice la denuncia. Cabe recordar que en 2015 se realizó el último concurso para notarios, pero perdió vigencia tres años después, dejando interinidad en notarías del país
