El conflicto armado se intensifica en Antioquia. La crisis humanitaria crece y la comunidad clama por intervención urgente del Estado.
Publicado por: Redacción Colombia
La emergencia humanitaria se agrava en el Bajo Cauca antioqueño tras los recientes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en zona rural de Tarazá. Hasta el momento al menos 128 personas, entre ellas 32 menores, han sido atendidas en el coliseo municipal tras desplazarse desde veredas como Doradas Altas, Tamí y Nerí.
El alcalde del municipio, Yomer Fabián Álvarez, en entrevista con Blu Radio, advirtió que el número de personas desplazadas podría aumentar debido a la presencia de minas antipersona que impiden una salida segura de la zona. “No han terminado de llegar. Muchos están atrapados por los artefactos explosivos sembrados en el territorio”.
Actualmente, tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional y la Fuerza de Despliegue Rápido realizan operaciones en el área para recuperar el control y garantizar condiciones mínimas de seguridad que permitan el retorno de los afectados. “Estamos desplegados en Tarazá y zonas aledañas, buscando contener a los responsables de estos enfrentamientos”, señaló el mayor general Erik Rodríguez Aparicio.
La situación en Tarazá no es un caso aislado. Municipios como Amalfi, Anorí y Segovia también enfrentan amenazas constantes por parte de grupos armados ilegales, incluidos frentes disidentes de las Farc. En Anorí, cerca de 1.500 estudiantes tuvieron que recibir clases virtuales durante una semana por motivos de seguridad, y se han ajustado horarios escolares como medida preventiva.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en visita reciente a Amalfi, anunció el envío de nuevos pelotones del Ejército antes de fin de año y prometió evaluar el traslado de la estación de Policía hacia una zona estratégica, en respuesta a solicitudes de las autoridades locales.
La disputa territorial entre grupos armados por el control del corredor estratégico entre el Nordeste y el Bajo Cauca continúa dejando huellas profundas en la población civil. Mientras tanto, las comunidades siguen pidiendo una respuesta integral del Estado que incluya no solo más pie de fuerza, sino también estrategias de desminado y sustitución de cultivos ilícitos.
