El presidente Gustavo Petro expidió el decreto con la orden de revelar los documentos, cuya información se pondrá a servicio de la ciudadanía y las instituciones.
Publicado por: Redacción Colombia
El 18 de julio de 1960 se creó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una entidad que durante 51 años estuvo a cargo de las tareas de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Su historia estuvo marcada por la violencia y diversas denuncias de ciudadanos que aseguraban haber sido perseguidos de forma injusta.
Hoy, 14 años después de su disolución, varios de sus exfuncionarios han sido condenados por prácticas ilegales, mientras que otros siguen bajo investigación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que ordena la desclasificación de los archivos de la entidad, que ocupan un total de 57.425 cajas.
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¿Cómo se llevará a cabo la desclasificación de tantos documentos? El decreto de 11 páginas detalla el procedimiento. El Archivo General de la Nación (AGN) será el responsable de llevar a cabo la intervención técnica y depuración archivística.
Esto implica que el AGN se encargará de procesos como foliación, primeros auxilios, restauración, descripción y digitalización de todos los documentos, con el propósito de “dar la máxima publicidad a la integridad de los archivos, documentos y datos del fondo documental”.
La intervención también incluirá la revisión de cada documento para eliminar materiales metálicos o abrasivos, como ganchos de cosedora, clips, grapas u otros elementos que puedan dañar los soportes físicos.
El decreto también establece que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) realizará un proceso de anonimización, que consiste en “modificar un conjunto de datos de manera que no se pueda identificar a una persona, pero que aún pueda ser usado para análisis técnico y científico válido sobre esos datos”.
Una vez los documentos del DAS pasen por los procesos del AGN y de la DNI, podrán ser publicados y estarán a disposición del público. La publicación estará a cargo del AGN, que también se encargará de digitalizar los documentos para facilitar su consulta.
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Para asegurar la transparencia del proceso, el Archivo General y la DNI deberán coordinar un plan de trabajo conjunto y publicar reportes cada seis meses en los que informen a la ciudadanía sobre los avances y fases de la desclasificación.
Delitos y condenas de exfuncionarios del DAS
En los últimos años, varios exfuncionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) han sido condenados por diferentes delitos relacionados con interceptaciones ilegales, persecución política, colaboración con grupos armados y violaciones a los derechos humanos.
Uno de los casos más notorios es el de María del Pilar Hurtado Afanador, quien fue directora del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Hurtado fue hallada culpable de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, falsedad ideológica y peculado por apropiación.
Las investigaciones demostraron que bajo su dirección el DAS interceptó ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema, congresistas de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos entre 2007 y 2008.
En 2015 fue condenada a 14 años de prisión, pena que fue confirmada en 2025 por la Corte Suprema de Justicia. Aunque obtuvo libertad condicional en 2022, la condena dejó firme su responsabilidad penal.
Junto a ella, Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), fue condenado a 8 años de prisión por los mismos delitos: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Su condena también fue ratificada por la Corte Suprema.
Otro exfuncionario condenado fue Hugo Daney Ortiz, quien se desempeñó como subdirector de operaciones del DAS. Ortiz fue sentenciado a 11 años de prisión por tortura psicológica agravada en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, quien sufrió amenazas, seguimientos y hostigamientos sistemáticos entre 2003 y 2004, junto con su hija menor.
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Varios funcionarios de rango medio y alto también fueron procesados y condenados por su implicación en las interceptaciones ilegales. Luz Marina Rodríguez Cárdenas, exdirectora general operativa, recibió una pena de seis años de prisión por prevaricato por acción y concierto para delinquir agravado.
Otros exfuncionarios como Jackeline Sandoval Salazar, Enrique Ariza Rivas (exdirector de inteligencia) y Jorge Armando Rubiano Jiménez (excoordinador del Grupo de Desarrollo Tecnológico) fueron declarados culpables por su participación en la red de espionaje estatal. Las condenas, en su mayoría, fueron reducidas posteriormente por la Corte Suprema, pero se ratificó su responsabilidad en la obtención y divulgación ilegal de información privada.
José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del DAS y asesor cercano de la dirección entre 2002 y 2004, también fue condenado por concierto para delinquir agravado. Se demostró que organizó un grupo de inteligencia interno dedicado a infiltrar y perseguir organizaciones sociales y de derechos humanos. Narváez también está vinculado a otros procesos judiciales, incluido el asesinato del periodista Jaime Garzón, en el que fue señalado como instigador.
Por último, otros exfuncionarios como Jorge Palacios Ávila, Jorge Moreno Meza y Augusto Ariza Muñoz fueron sentenciados a nueve años de prisión por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), facilitando información y recursos a grupos paramilitares a cambio de sobornos.
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Otro caso relevante es el de Jaime Ernesto Gómez Muñoz, detective del DAS y escolta del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, quien fue hallado responsable de participar en su magnicidio el 26 de abril de 1990. Gómez Muñoz formaba parte de una estructura criminal dentro del DAS que planeó, ejecutó y encubrió el asesinato de Pizarro, quien en ese momento era candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó una condena de 20 años de prisión para Gómez Muñoz, tras considerar que actuó en complicidad con otros miembros del DAS que trabajaban para intereses criminales, en un contexto de persecución a excombatientes del M-19.
En marzo de 2022, Gómez intentó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que su conducta tenía relación con el conflicto armado, pero su solicitud fue rechazada, al concluirse que los hechos se dieron en el marco de una estructura criminal y no en el contexto de la confrontación armada.
