La decisión respondió a una solicitud del comisionado de paz y quedó en pausa por requerimientos de seguridad y control institucional.
Publicado por: Danilo Cárdenas
El Ministerio de Justicia anunció el traslado carcelario de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximos cabecillas de las estructuras conocidas como “Los Pepes” y “Los Costeños”, como una medida orientada a sostener la tregua vigente entre ambas organizaciones, que finaliza el 20 de enero.
La decisión fue comunicada por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, quien señaló que el traslado se realizaría bajo vigilancia estricta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y en coherencia con la política de paz urbana del Gobierno nacional.
La solicitud de traslado fue presentada el 9 de enero por el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, con el propósito de evaluar un traslado intramural a centros de reclusión en Barranquilla. Según el Ministerio, la medida se enmarca en la Resolución Ejecutiva 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras.
Posteriormente, el ministro Idárraga informó la suspensión temporal de los traslados, al señalar que se requiere una coordinación previa entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales para garantizar control y vigilancia permanente. La decisión fue comunicada a través de su cuenta oficial en X.
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Reacciones de alcaldes y autoridades locales
El anuncio del posible traslado generó pronunciamientos de autoridades locales. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó su desacuerdo con la medida y afirmó que las cárceles de la ciudad no cuentan con las condiciones necesarias para albergar a estos internos. Señaló que la decisión no tuvo en cuenta a las víctimas de extorsión y homicidio, ni el contexto de seguridad previo a la temporada de Carnaval.
¡Increíble el actuar del Gobierno nacional!
— Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2026
En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a…
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, solicitó el acompañamiento de la Fiscalía General, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades del orden nacional para garantizar transparencia y seguimiento a cualquier decisión que pueda impactar la seguridad y la convivencia en el departamento. También pidió que las determinaciones se adopten de manera articulada con las autoridades territoriales.
Ante el anunciado traslado de cabecillas criminales a centros de reclusión en Barranquilla, solicitamos el acompañamiento urgente de la fiscal General de la Nación (@FiscaliaCol), Luz Adriana Camargo; del procurador General de la Nación (@PGN_COL), Gregorio Eljach; la Defensoría…
— Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) January 12, 2026
En respuesta a las críticas, el ministro Idárraga indicó que el Gobierno nacional adoptó decisiones para frenar la violencia y sostuvo que los diálogos permitieron una reducción de homicidios y extorsión, según cifras del Ministerio de Defensa. Reiteró que no se trata de beneficios, sino de medidas orientadas a la protección de la ciudadanía.
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Origen y contenido del acuerdo entre las bandas
La tregua entre “Los Pepes” y “Los Costeños” fue acordada el 2 de octubre en la cárcel La Picota, en Bogotá, mediante un documento de cuatro puntos firmado por sus líderes. El acuerdo establece compromisos de desarme progresivo, prohibición del reclutamiento de menores, transición de economías ilícitas a actividades legales e implementación de proyectos de resocialización en centros penitenciarios.
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Según lo pactado, las organizaciones se comprometieron a no cometer homicidios, robos ni extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana hasta el 20 de enero de 2026. El acuerdo hace parte de una manifestación voluntaria de adhesión a la política de paz total del Gobierno nacional y contó con acompañamiento de funcionarios del Ejecutivo durante su firma.
