Décadas de violencia, procesos abiertos y un historial que explica por qué las autoridades lo consideran una amenaza incluso tras las rejas.

Publicado por: Danilo Cárdenas
Andrés Felipe Marín Silva, conocido en el mundo criminal como alias Pipe Tuluá, es uno de los delincuentes más investigados del suroccidente colombiano. Las autoridades lo identifican como el máximo cabecilla de la estructura delincuencial La Inmaculada, una facción que operó durante años en el Valle del Cauca y que consolidó su poder a través de homicidios, extorsiones y control territorial.
Con 51 años de edad, Marín Silva acumula un historial judicial que incluye 51 procesos investigativos, de los cuales 49 ya lo vinculan formalmente. En Colombia cumple una condena de 30 años de prisión, impuesta en 2022 por un juzgado especializado, tras hallarlo responsable de múltiples delitos de alto impacto.
El expediente judicial señala que su accionar criminal se mantuvo activo incluso desde centros carcelarios, situación que llevó a las autoridades a catalogarlo como un riesgo permanente para la seguridad. Por esta razón, su nombre figura hoy en un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.
Señor ministro de justicia. Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias "Pipe Tulúa", señor Andrés Marín Silva
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2026
Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es…
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Homicidios, extorsión y control violento en el Valle del Cauca
Las investigaciones oficiales atribuyen a alias Pipe Tuluá la responsabilidad directa de al menos 47 homicidios cometidos en el Valle del Cauca. A estos casos se suman procesos por desaparición forzada y una extensa red de extorsiones contra comerciantes, transportadores y ciudadanos del municipio de Tuluá.
De acuerdo con información judicial, entre 2011 y 2017 habría ordenado al menos 46 asesinatos, de los cuales 39 fueron ejecutados por sicarios bajo su mando. Las víctimas incluyeron comerciantes, integrantes de su propia organización, un funcionario del Inpec y civiles sin vínculos criminales.
Sobre estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se trata de un criminal “con más de una decena de asesinatos que siguen siendo investigados”, muchos de los cuales han derivado en condenas contra otros miembros de la estructura que lideraba.

Liderazgo criminal desde prisión y presuntos privilegios ilegales
Pese a su reclusión, las autoridades sostienen que Marín Silva logró mantenerse al frente de La Inmaculada desde diferentes cárceles del país. Informes de inteligencia indican que habría contado con acceso a teléfonos móviles, redes de comunicación clandestinas y presuntos favores obtenidos mediante corrupción.
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Estas condiciones habrían facilitado la continuidad de las extorsiones y la coordinación de acciones violentas, lo que motivó traslados constantes y el refuerzo de su esquema de seguridad. En los últimos meses fue sacado de la cárcel La Picota y trasladado a una estación policial en Bogotá debido a conflictos internos y alertas de fuga.
Uno de los episodios más graves asociados a su historial fue la advertencia del Inpec sobre amenazas directas contra sus funcionarios, quienes habrían sido declarados “objetivo militar”, según denuncias oficiales.
















