¿Se prohíben los celulares en colegios? El Ministerio de Educación fijó su postura.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Ministerio de Educación Nacional estableció una postura clara y definitiva respecto al uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los estudiantes en los establecimientos educativos del país.
La decisión se fundamenta en la Ley 2170 de 2021, que asigna al Ministerio la responsabilidad de emitir orientaciones técnicas sobre el uso de tecnologías en entornos escolares.
Según el artículo 2 de esta norma, le corresponde formular, implementar y evaluar dichas guías; mientras que el artículo 3 obliga a los colegios a incluir en sus acuerdos de convivencia escolar mecanismos que garanticen un uso adecuado de los dispositivos móviles, orientado a favorecer el aprendizaje, la participación y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Lea también: A más ‘likes’, más soledad: el uso de redes sociales aumenta el riesgo de aislamiento en jóvenes
¿Qué significa esto en la práctica?
Los colegios deben promover el uso responsable y pedagógico de los celulares cuando contribuya al proceso educativo.
Se permite restringir excepcionalmente su uso en determinados horarios o espacios, siempre que esta medida sea aprobada por el Comité Escolar de Convivencia y el Consejo de Directivos, con el objetivo de proteger a los estudiantes de posibles riesgos.
No se impone una prohibición general ni obligatoria a nivel nacional, sino que se prioriza la concertación y el diálogo entre rectores, docentes, estudiantes y familias.
El Ministerio recordó que, desde 2024, respetó la decisión de la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli) —que agrupa 27 instituciones en Bogotá— de limitar el uso permanente de pantallas durante la jornada escolar. Esta medida se tomó tras evidenciar efectos negativos en la salud mental, el desarrollo psicosocial, la interacción social, la actividad física, el aumento de casos de bullying y cyberbullying, y una baja en el rendimiento académico.
El anuncio refuerza la autonomía de las instituciones educativas, especialmente las privadas, para definir sus propias reglas internas siempre que se alineen con la ley y busquen el bienestar estudiantil.
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Con esta definición, el Ministerio busca cerrar el debate y orientar a las comunidades educativas hacia un equilibrio entre el aprovechamiento de la tecnología y la protección de los derechos y el desarrollo integral de los estudiantes.
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