La combinación de decisiones del Gobierno y un caso que ha generado indignación nacional reaviva la discusión sobre el futuro de la salud.
La salud en Colombia atraviesa una tormenta sin precedentes. La decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar la liquidación de las EPS que se encuentren en quiebra, anunciada durante el consejo de ministros del pasado lunes, ha desatado una ola de reacciones que va desde los pasillos del Congreso hasta las salas de urgencias de los hospitales del país.
Lo que el mandatario presenta como una solución urgente, sus críticos lo interpretan como el capítulo final de un plan para estatizar por completo el sistema de salud.
La medida no llegó sola. Se anunció en medio de uno de los episodios más dolorosos que ha vivido el sistema sanitario en años recientes, la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia severa, cuya historia ha puesto en evidencia las fracturas profundas de un modelo del que millones de colombianos dependen cada día para sobrevivir. Además: Procuraduría vincula a Nueva EPS por fallecimiento de niño Kevin Acosta tras falta de medicamento
El plan del Gobierno decretos y proyectos de ley antes del 7 de agosto
Petro no solo anunció las liquidaciones, también explicó de qué forma espera concretarlas. Según declaraciones del propio mandatario, estos cambios se llevarán a cabo mediante decretos y un proyecto de ley antes del 7 de agosto, fecha en la que culmina su periodo presidencial.
Para sus opositores, se trata de un intento de imponer por vía administrativa lo que no logró tramitar en el Congreso con la reforma a la salud.
La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, fue una de las primeras voces en salir al paso. La congresista señaló que “el gobierno pretende evadir su responsabilidad, los interventores que hoy cuestiona Petro fueron designados bajo su propia administración, luego de que en 2024 su entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, modificara los requisitos del RILCO, la lista oficial de interventores” indicó Hurtado. Lea también: Petro ordena liquidar EPS en quiebra y desata controversia nacional
“Las EPS en crisis, los hospitales sin pago y los pacientes sin medicamentos no son culpa del pasado, son consecuencia de decisiones tomadas desde la Casa de Nariño”, afirmó también la congresista Hurtado, quien también cuestionó si Petro desconoce lo que ocurre en su propio gobierno.
Por su parte, el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, calificó de “nefasta” la gestión del gobierno en salud y sostuvo que la liquidación de varias EPS dejaría a cerca de la mitad de los colombianos “en el limbo”.
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A su turno, la senadora María Fernanda Cabal advirtió que las decisiones se están tomando sin sustento técnico ni respaldo para garantizar la continuidad de la atención. Siga informado: Estas son las EPS que podrían ser liquidadas en Colombia tras la orden de Petro
La representante a la Cámara, Marelen Castillo, fue aún más directa, alertó que “más de 25 millones de colombianos podrían verse afectados y cuestionó la capacidad de la Nueva EPS para asumir esa carga. Esto no es una solución, es poner en riesgo el sistema”, declaró.
La tragedia de Kevin Acosta: negligencia y responsabilidades en disputa
En ese contexto ya convulsionado irrumpió con toda su crudeza el caso del niño Kevin Acosta. La Procuraduría General de la Nación determinó que el fallecimiento del menor, ocurrido el 13 de febrero pasado tras sufrir un trauma craneoencefálico al caer de su bicicleta, no fue solo consecuencia del accidente.
Según la investigación del ente de control, la Nueva EPS incurrió en negligencia al no garantizar la entrega oportuna del Emicizumab, el medicamento preventivo que el niño requería para controlar su hemofilia severa.
El expediente reveló que Kevin estuvo aproximadamente dos meses sin recibir el fármaco, debido a que la IPS Medicarte suspendió los suministros por falta de pago de la Nueva EPS. Además: Muerte de Jeison Pinzón por falta de medicamentos de Nueva EPS: indignación nacional
Cuando sus pacientes fueron trasladados a la IPS Integral, esta tampoco pudo atenderlos por la misma razón: la EPS no le había girado los recursos. Al momento de su muerte, Kevin no estaba cobijado por ninguna institución médica.
La Procuraduría anunció que compulsará copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y abrió investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS. Además, advirtió que otros 2.000 pacientes que estaban bajo el mismo esquema de atención enfrentan un alto riesgo al no tener garantizada la continuidad de sus tratamientos.
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El caso tomó un giro político cuando Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionaron públicamente las circunstancias familiares del menor y justificaron las fallas en la atención.
El mandatario llegó a revelar detalles de la historia clínica del niño, lo que motivó denuncias formales ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones del Congreso por parte de la organización Pacientes Colombia y la defensa jurídica de la familia. Lea: Choque por reforma a la salud: Petro responde que “se aprobará más temprano que tarde”
Frente a las liquidaciones anunciadas, el sector privado también alzó la voz. La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, advirtió que cerca de 24 millones de afiliados quedarían en riesgo con una liquidación masiva.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, calificó la medida como un regreso al modelo del Seguro Social, “fracasado y perverso”, que Colombia había dejado atrás hace tres décadas.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, fue contundente: “Con la salud no se improvisa. Una liquidación apresurada rompe tratamientos, retrasa medicamentos y agrava la incertidumbre. El costo real lo terminan pagando los pacientes y sus familias”.
