El ente acusador formalizó el llamado a juicio contra el exministro. La diligencia ante la Corte Suprema definirá su futuro por el delito de prevaricato.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El sistema judicial colombiano se prepara para uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, involucrando a una de las figuras de mayor peso en el gabinete inicial del Gobierno Nacional. Tras meses de investigaciones y una controversia que escaló hasta instancias internacionales, el caso relacionado con la gestión de documentos de identidad en el exterior ha dado un giro definitivo en el ámbito penal.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ya tiene una fecha marcada en el calendario para dar inicio a la etapa formal de juzgamiento. Bajo la conducción de la magistrada Blanca Barreto, el proceso busca determinar la responsabilidad legal de quien fuera la cabeza de la diplomacia colombiana en decisiones que, según el ente acusador, habrían desbordado el marco de la ley administrativa.
Detalles de la acusación y fecha de la audiencia
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Este paso procesal se da luego de que, en diciembre de 2025, se le imputara el delito de prevaricato por acción. La diligencia de formulación de acusación, donde se detallarán las pruebas en su contra, quedó programada para el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p. m.
El núcleo del caso radica en la decisión tomada por Leyva en septiembre de 2023, cuando optó por declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, un contrato valorado en aproximadamente $600.000 millones. Según la hipótesis de la Fiscalía, el entonces canciller habría emitido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, ignorando que la unión temporal liderada por la firma Thomas Greg & Sons ya había cumplido con los requisitos técnicos y obtenido el puntaje máximo para la adjudicación.
Consecuencias legales y millonaria demanda estatal
El impacto de esta decisión no solo se ha sentido en los tribunales penales. La empresa afectada, tras una etapa de conciliación que no llegó a puerto seguro, interpuso una demanda contra el Estado colombiano por una cifra que asciende a los $117.000 millones, argumentando daños y perjuicios por la interrupción del proceso licitatorio.
Cabe recordar que este expediente ya le costó a Leyva su carrera política activa. La Procuraduría General de la Nación, en un juicio disciplinario que generó intensos debates jurídicos, lo sancionó previamente con la suspensión e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos. Ahora, con el escrito de acusación radicado, el exfuncionario deberá defender su inocencia ante la máxima instancia judicial, en un proceso que definirá si su actuación fue una defensa de la soberanía estatal o un quebrantamiento de las normas de contratación pública
