El Ministerio Público detectó manejo de recursos en hojas de cálculo y falta de soportes en contratos con prestadores. Urge claridad administrativa.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Procuraduría General de la Nación lanzó un ultimátum a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para que, en un plazo máximo de tres días hábiles, defina el futuro administrativo de la Nueva EPS. La urgencia radica en que la medida de intervención forzosa venció el pasado 2 de abril de 2026 sin ser renovada, lo que ha generado una falta de claridad sobre quién debe ostentar el control de la entidad con más afiliados en el país.
A través de un requerimiento oficial enviado a Luz Marina Múnera, superintendente encargada del caso, la procuradora delegada Mónica Andrea Ulloa Ruíz planteó siete interrogantes técnicos. La entidad busca determinar si persisten las causales financieras, administrativas y jurídicas que motivaron la toma de posesión por parte del Gobierno Nacional o si, por el contrario, la EPS debe retornar a sus dueños originales.
Irregularidades en el manejo de recursos y pagos anticipados
Dentro de las pruebas solicitadas, el Ministerio Público exige los informes de seguimiento y reportes de vigilancia financiera, haciendo especial énfasis en un documento de febrero de 2026 que debía entregarse el 10 de marzo y que, a la fecha, no habría sido radicado. Los hallazgos previos revelan que la Nueva EPS atraviesa fallas estructurales que no fueron subsanadas durante la intervención estatal.
El informe detalla una gestión ineficiente de los recursos del sistema de salud, destacando la ausencia de controles efectivos sobre el capital estatal. Además, se advierte que el uso de pagos anticipados a clínicas y hospitales dejó de ser una medida excepcional para convertirse en una práctica recurrente destinada a cubrir vacíos en la red prestadora y mitigar contingencias judiciales derivadas de la falta de representación legal de la entidad.
Rezago tecnológico y riesgos en la contratación de servicios
La situación operativa también es crítica. En materia de tecnología, la Procuraduría señala un rezago generalizado que incluye infraestructura obsoleta, vulnerabilidades en seguridad informática y un sistema de facturación con retrasos acumulados desde 2025. Resulta alarmante que, en pleno 2026, el giro de millonarios recursos todavía se gestione mediante hojas de cálculo manuales, lo que eleva el riesgo de errores y ataques cibernéticos.
Finalmente, en el área de contratación, persisten los acuerdos verbales con proveedores, carentes de soportes documentales escritos. Esta falta de formalización, sumada a la alta concentración de la cadena de servicios en pocos actores, representa un riesgo inminente para la estabilidad financiera y la imagen de la Nueva EPS, cuya operatividad hoy pende de una respuesta administrativa urgente.
