El exdirector de Gestión del Riesgo busca beneficios tras radicar el allanamiento. La justicia decidirá el monto de la sanción por el desfalco estatal.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El proceso que se adelanta por los presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha tomado un rumbo definitivo en los estrados judiciales. Tras meses de diligencias y revelaciones sobre el entramado de corrupción, el expediente entra ahora en una fase de definiciones técnicas que determinarán el futuro inmediato de Olmedo López.
Voluntad de aceptación y giro en la estrategia
La defensa de Olmedo López, exdirector de la entidad, ha confirmado un cambio sustancial en el escenario jurídico del exfuncionario. Aunque inicialmente se planteó la estructuración de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, este no logró prosperar debido a dificultades técnicas en su configuración. No obstante, lejos de retroceder en su intención de colaborar, López ha optado por el camino del allanamiento a cargos, lo que conduce el proceso hacia una sentencia anticipada.
Según explicó el abogado defensor José Moreno, la Fiscalía ya radicó el escrito correspondiente, dejando claro que la responsabilidad penal ya no es un punto de controversia. El debate jurídico se ha desplazado ahora hacia la tasación de la pena y las consecuencias derivadas de dicha aceptación, un movimiento que busca agilizar la resolución de su situación legal frente a los delitos que se le imputan.
El dilema ético sobre los beneficios de la verdad
Un punto neurálgico en esta etapa es la vigencia del principio de oportunidad. A pesar del cambio hacia la sentencia anticipada, el compromiso de López como testigo clave de la justicia se mantiene firme. La defensa sostiene que la información suministrada ha sido determinante para el avance de las investigaciones y, por ende, este aporte debe ser compensado con una valoración justa al momento de dictar la sentencia.
“Ya no estamos en una discusión para un preacuerdo, sino estamos en una etapa en la que el juez va a definir las consecuencias de una responsabilidad que ya fue asumida”, señaló Moreno.
El jurista planteó un interrogante sobre la eficiencia del sistema judicial colombiano, cuestionando si las instituciones están preparadas para incentivar la delación de redes de corrupción.
