El alto tribunal analizará si el Gobierno excedió sus facultades con la Imprenta Nacional.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Consejo de Estado admitió una demanda que pone en la mira el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. El recurso judicial cuestiona el decreto que le entregó a la Imprenta Nacional el control exclusivo de la impresión de documentos oficiales, incluidos los pasaportes.
La acción fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FED), que busca tumbar el decreto 1099, expedido por el Gobierno en octubre de 2025.
La norma ordenó un cambio de fondo en la contratación pública. Desde su entrada en vigencia, las ramas ejecutiva, legislativa y judicial deben imprimir sus documentos oficiales únicamente con la Imprenta Nacional, incluyendo la fabricación de los pasaportes colombianos.
Los demandantes aseguran que el Gobierno habría excedido sus facultades legales y que la medida afectó la separación de poderes. Según la demanda, el Ejecutivo terminó imponiendo reglas administrativas al Congreso y a la rama judicial.
Cuestionamientos por el impacto económico y la libre competencia
La FED también cuestionó el impacto económico de la decisión. En el documento radicado ante el alto tribunal se argumenta que el decreto eliminó la libre competencia en este sector al concentrar toda la operación en una sola entidad estatal.
Para los demandantes, el cambio no solo transformó la forma en que se manejan los contratos públicos relacionados con impresión oficial, sino que también cerró la puerta a otros actores privados que históricamente participaron en este mercado.
🚨 El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar el decreto con el cual el Gobierno obligó a todas las entidades del Estado a imprimir documentos oficiales, incluidos pasaportes, única y exclusivamente con la Imprenta Nacional. 👇🧵 pic.twitter.com/Xipk0GxOna
— El Espectador (@elespectador) May 26, 2026
El pulso del Gobierno por el control de los pasaportes
La discusión jurídica alrededor del decreto va más allá de un tema técnico. El caso se convirtió en un nuevo capítulo del debate por el control de la expedición de pasaportes en Colombia.
Durante años, la multinacional Thomas Greg & Sons estuvo al frente de la elaboración de este documento. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la producción de pasaportes está relacionada con la seguridad nacional y, por esa razón, debía quedar únicamente en manos del Estado.
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Con ese argumento nació el decreto 1099, diseñado para fortalecer jurídicamente a la Imprenta Nacional frente a los contratistas privados.
Aun así, la decisión generó críticas desde distintos sectores políticos, que pusieron en duda la capacidad técnica y operativa de la entidad estatal para asumir toda la carga del sistema de expedición de pasaportes.
Si el Consejo de Estado falla a favor de la demanda, el Gobierno perdería el soporte legal que utilizó para garantizar el control estatal sobre este proceso. Por ahora, el alto tribunal solo admitió la demanda para su estudio, por lo que el decreto continúa vigente mientras se toma una decisión de fondo.
