Uribe cuestionó la decisión de la Fiscalía y aseguró que deberá “enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”.

Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de una investigación por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, así como por el caso del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y los hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa.
De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 18, 2026
A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones
La información fue dada a conocer por el propio exmandatario a través de su cuenta en X. Allí señaló que la notificación fue recibida por su equipo jurídico.
“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”, escribió.
Más noticias: Santiago Uribe se entregó a la Policía tras quedar en firme su condena por ‘Los doce apóstoles’
En una publicación posterior, Uribe también cuestionó la decisión de la Fiscalía y aseguró que deberá “enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, en referencia a la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo 21 de junio.
La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 18, 2026
Así y todo estaré en los…
Además, afirmó que la funcionaria que dirige la investigación tiene motivaciones políticas, una acusación sobre la que hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado.
Tras la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su escaño en el Senado, en septiembre de 2020, la investigación pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. Con ese cambio de competencia, el ente acusador recibió tres expedientes que hasta entonces tramitaba el despacho del magistrado César Reyes bajo un mismo radicado.
Más noticias: Juan Daniel Oviedo se reúne con Álvaro Uribe a pocos días de la segunda vuelta
Publicidad
Entre esos procesos figura la investigación por la masacre de San Roque, registrada en 1996 en el nordeste antioqueño. De acuerdo con las actuaciones de la Corte Suprema, el expediente busca establecer las circunstancias en las que un grupo al margen de la ley habría utilizado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época y ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque.
La Fiscalía también asumió el expediente relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango en junio de 1996 y octubre de 1997, respectivamente. Según la investigación, grupos paramilitares perpetraron ataques contra la población civil durante el periodo en que Uribe ejercía como gobernador de Antioquia.
Dentro del mismo conjunto de actuaciones también se encuentra el caso por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en febrero de 1998.
Más noticias: “Petro merece destitución y encarcelamiento”: expresidente Uribe ante mensajes del actual mandatario
El expediente recoge las denuncias que Valle hizo de manera reiterada sobre la situación de violencia en Ituango, así como los señalamientos sobre una presunta connivencia entre integrantes de grupos de autodefensa y militares de la IV Brigada del Ejército.
Asimismo, hace referencia a la supuesta omisión atribuida a Uribe Vélez frente al incremento de la violencia que antecedió a las masacres de San Roque, La Granja y El Aro.
Antes de que el caso quedara en manos de la Fiscalía, la Corte Suprema adoptó varias decisiones procesales. En junio de 2020 reconoció al sobrino de Jesús María Valle como parte civil y estableció que las acciones civiles orientadas a la reparación de las víctimas no estaban sujetas a prescripción.
Uno de los hechos analizados en ese expediente corresponde a la incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro, desarrollada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997.















