El Gobierno inició oficialmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad mediante el decreto 0626 de 2026.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Gobierno comenzó oficialmente el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, luego de la expedición del decreto 0626 de 2026, que establece las primeras medidas para su cierre administrativo y financiero. La decisión se da en medio de manifestaciones de cientos de trabajadores que cuestionan su situación laboral.
La cartera, creada durante el gobierno de Gustavo Petro, entra ahora en etapa de “liquidación” con un plazo estimado de un año para su cierre definitivo. Durante este periodo se designará un liquidador de libre nombramiento y remoción del Presidente, encargado de administrar la transición, incluyendo la subrogación de bienes, obligaciones, archivos y derechos del ministerio.
El proceso responde a la sentencia C-161 de 2024 emitida por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró inexequible la ley 2281 de 2023 mediante la cual fue creado el ministerio. El alto tribunal determinó que no existía aval fiscal del Ministerio de Hacienda, aunque otorgó un plazo de dos legislaturas para corregir los vacíos legales. Le puedo sugerir leer: Gustavo Petro celebra posible salida de la lista Clinton y agita la polémica
Sin embargo, el proyecto para subsanar la situación no avanzó en el Congreso. Aunque fue presentado con mensaje de urgencia, no logró superar su discusión en las Comisiones Primeras y perdió respaldo político con el paso del tiempo y la coyuntura electoral, quedando sin el quórum necesario para su trámite.
El decreto establece además que los bienes e inmuebles de la entidad podrán entrar en procesos de enajenación, para que otras entidades públicas manifiesten interés en su adquisición. Asimismo, varias de sus funciones serán redistribuidas a otras instituciones del Estado.
Entre los cambios más relevantes, el fondo “No es Hora de Callar”, impulsado por la periodista Yineth Bedoya, será asumido por el Ministerio del Interior.
La decisión se da en paralelo a fuertes protestas de trabajadores de la entidad. Más de 600 funcionarios quedaron sin acceso a sus instalaciones y sin claridad sobre su futuro laboral, lo que generó movilizaciones y reclamos por presunta vulneración de derechos.
El sindicato Sintraigualdad afirmó que los empleados exigen garantías en el proceso de liquidación y el nombramiento de un agente liquidador. “No somos simples puestos de trabajo, somos personas”, señalaron voceros del colectivo.
Finalmente, el decreto ordena la supresión total de la planta de personal y la terminación de los contratos, aunque contempla revisiones especiales para casos de estabilidad laboral, a quienes se les aplicarían medidas de protección conforme a la ley.
