Un informe advierte que continúan las demoras, exigencias indebidas y dificultades en la atención, especialmente para población vulnerable.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Aunque el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ha mostrado avances en los últimos años, miles de mujeres en Colombia continúan encontrando obstáculos para ejercer este derecho. Niñas, adolescentes, mujeres indígenas y migrantes siguen siendo algunos de los grupos más afectados por demoras, exigencias indebidas y dificultades para recibir atención oportuna dentro del sistema de salud.
Así lo advierte un reciente informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que revisó los casos atendidos entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. Durante ese periodo, la organización acompañó 2.532 situaciones relacionadas con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, una cifra que refleja tanto el creciente conocimiento sobre este derecho como las barreras que aún obligan a muchas mujeres a buscar apoyo jurídico.
De acuerdo con el balance, cerca del 19,2 % de los casos requirió asesoría legal debido a dificultades impuestas por instituciones o prestadores de servicios de salud. Entre los principales problemas se encuentran retrasos en la atención, solicitudes de requisitos que no contempla la normativa vigente y vulneraciones al derecho a la privacidad.
Aumentan las solicitudes de acompañamiento legal
El informe evidencia que la demanda de orientación y acompañamiento ha crecido de manera constante desde la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Mientras en 2022 la organización atendió 252 mujeres, para finales de 2025 esa cifra aumentó hasta 971. Según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, este incremento responde, por una parte, a que cada vez más personas conocen sus derechos, pero también a que persisten obstáculos que dificultan el acceso efectivo al procedimiento.
Los datos muestran que el 44 % de las mujeres logró acceder a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, aún existen casos en los que el procedimiento se realiza después de las 24 semanas, situación que, según la organización, está relacionada principalmente con las demoras generadas por el sistema de salud.
Pese a ello, el informe destaca que los tiempos de respuesta han mejorado en comparación con los primeros años posteriores al fallo de la Corte Constitucional.
Otro dato relevante indica que el 48 % de las mujeres atendidas, equivalente a 1.360 casos, accedió al procedimiento a través de su EPS, entidad que garantizó directamente la prestación del servicio.
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Niñas, indígenas y migrantes enfrentan más trabas
El análisis también identifica a varios grupos poblacionales que continúan enfrentando mayores dificultades para ejercer este derecho.
Entre los casos atendidos se registraron 35 niñas menores de 14 años, lo que representa el 1,38 % del total. Para la organización, estas cifras reflejan situaciones de especial vulnerabilidad, especialmente cuando existen demoras en la atención o se desconoce la autonomía de las menores para tomar decisiones sobre su salud reproductiva.
Las mujeres migrantes también aparecen entre las más afectadas. El informe señala que el 7,66 % de las personas acompañadas eran migrantes y, de ellas, el 90,4 % correspondía a mujeres venezolanas. Las principales barreras están relacionadas con problemas de afiliación al sistema de salud y con dificultades para acceder de manera oportuna a los servicios médicos.
En el caso de las mujeres indígenas, la organización advierte que algunas entidades de salud continúan exigiendo autorizaciones de autoridades indígenas para permitir el procedimiento, una condición que no está contemplada como requisito para acceder a este derecho.
Durante una entrevista con Blu Radio, Sara Méndez, asesora jurídica de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó que también persisten situaciones en las que la información clínica de niñas y adolescentes es divulgada sin autorización, afectando su derecho a la intimidad.
Por regiones, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de atenciones registradas por la organización. En contraste, Meta, Guainía y Guaviare fueron identificados como los departamentos donde las barreras de acceso tienen un mayor impacto sobre las mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Ante este panorama, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres recordó que cualquier persona que enfrente obstáculos para acceder al procedimiento o considere vulnerados derechos como la confidencialidad de su información médica puede solicitar acompañamiento jurídico gratuito, con el propósito de impulsar las acciones necesarias para garantizar el acceso al servicio conforme a la legislación vigente en Colombia.
