La entidad explicó cómo obtuvo el material remitido al ente acusador, mientras el canal cuestionó las actuaciones realizadas durante la inspección.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El proceso judicial que enfrenta el periodista y expresentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, continúa sumando nuevos capítulos. En las últimas horas surgieron diferencias entre Caracol Televisión y el Ministerio de Trabajo sobre el origen y la entrega de documentos que hoy hacen parte de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por un presunto caso de acoso sexual. Mientras el canal niega haber remitido pruebas directamente al ente acusador, la cartera laboral sostiene que parte del material fue entregado por la propia empresa durante las actuaciones administrativas.
La controversia aparece en medio de un proceso que recientemente registró otro movimiento relevante. Según reveló El Reporte Coronell, tres de las cuatro mujeres consideradas presuntas víctimas comunicaron a la fiscal del caso, Patricia Hernández Zambrano, que no desean participar en un eventual juicio y que tampoco quieren ser representadas dentro del proceso penal.
Las mujeres señalaron que nunca presentaron una denuncia penal contra Vargas. En cambio, explicaron que acudieron inicialmente a un procedimiento interno de carácter laboral dentro de Caracol Televisión, situación que posteriormente dio lugar a una inspección por parte del Ministerio de Trabajo. A pesar de ello, la Fiscalía conformó un grupo especial que avanzó con la investigación e imputó cargos al periodista, quien no aceptó las acusaciones.
Diferencias sobre la entrega del material recopilado
El punto de mayor desacuerdo gira alrededor de las pruebas documentales que terminaron en poder de la Fiscalía. Caracol Televisión aseguró, mediante una comunicación conocida por Caracol Radio, que nunca envió pruebas documentales directamente al ente investigador y afirmó que ese material permanece en poder de las presuntas víctimas.
Además, el canal manifestó su inconformidad con la actuación del Ministerio de Trabajo durante las inspecciones realizadas en sus instalaciones. En la carta remitida a esa entidad, acusó a la cartera de presuntas filtraciones de información reservada, de efectuar grabaciones sin autorización a trabajadores y de dar un uso político a las diligencias adelantadas.
En contraste, el Ministerio de Trabajo defendió su actuación y aseguró que la remisión de documentos a la Fiscalía obedeció al desarrollo normal de la investigación administrativa y a los requerimientos judiciales.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la entidad compulsó copias de la documentación recaudada durante las inspecciones, entre ellas hojas de vida con llamados de atención a los presuntos implicados y documentos que, según indicó, fueron entregados por Caracol Televisión y contenían las denuncias presentadas por las trabajadoras.
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De acuerdo con el funcionario, posteriormente la Fiscalía realizó una inspección judicial en las instalaciones del Ministerio para retirar físicamente el material que consideró pertinente para continuar con la investigación penal. También enfatizó que la información tenía carácter reservado y solo pudo ser entregada mediante una orden judicial, dentro del marco legal correspondiente.
Canal cuestiona actuaciones durante la inspección
Otro de los puntos planteados por Caracol Televisión tiene relación con la forma en que se desarrollaron las visitas de inspección. En una carta fechada el 14 de abril de 2026, el representante legal del canal manifestó que funcionarios del Ministerio de Trabajo habrían tomado fotografías y videos de empleados sin solicitar previamente su autorización.
La empresa sostuvo que esas actuaciones excedieron el alcance de las funciones de inspección y solicitó el cese inmediato del uso de esas imágenes, argumentando la protección establecida por la Ley de Habeas Data.
Asimismo, pidió al Ministerio adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de principios como la confidencialidad de la información, la no revictimización de las personas involucradas y el respeto al debido proceso durante el desarrollo de las investigaciones.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las posiciones enfrentadas entre Caracol Televisión y el Ministerio de Trabajo abren un nuevo frente de discusión sobre el manejo de la información recopilada durante las inspecciones laborales y el procedimiento mediante el cual esa documentación llegó a manos de la Fiscalía, en un caso que continúa bajo investigación.
