Hacer pública una acusación o denunciar ante la justicia son caminos distintos, pero cada vez más mujeres acuden a las redes para visibilizar el acoso o violencia sexual. Estos casos recuerdan el legado del Me Too y cómo escuchar a las víctimas sin desconocer los derechos del señalado.
Hace menos de cinco meses, varias periodistas señalaron públicamente a dos reconocidos presentadores de uno de los medios más grandes del país por presuntos hechos de acoso sexual. A partir de entonces, nuevos testimonios comenzaron a aparecer y el debate se extendió a otros espacios del periodismo colombiano.
Las reacciones han sido diversas. Mientras algunas mujeres han encontrado respaldo en las redes sociales, otras denuncias han generado cuestionamientos y discusiones sobre la exposición pública, el acceso a la justicia y las garantías de quienes son señalados.
El escenario recuerda a un movimiento que hace más de una década cambió la conversación mundial sobre las violencias sexuales: Me Too (yo también). ¿Está Colombia viviendo una nueva etapa de este movimiento?
¿De dónde viene el Me Too?
Se suele asociar el movimiento Me Too con 2017, cuando salieron a la luz las denuncias contra el reconocido productor de cine Harvey Weinstein. Más de 80 mujeres lo acusaron y el caso desencadenó una ola de denuncias por violencia y acoso sexual en distintos países. Otros famosos, como Bill Cosby y Jean-Claude Arnault, también fueron señalados y condenados por hechos similares.
Sin embargo, el movimiento había comenzado mucho antes. En 2006, la activista Tarana Burke creó Me Too para acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, especialmente mujeres negras en Estados Unidos.
Por eso, su reconocimiento mundial en 2017 no significó que las mujeres empezaran a denunciar estos hechos, sino que sus voces alcanzaron una mayor visibilidad. “Me Too no significó que las mujeres empezaran a hablar, sino que empezaran a ser escuchadas… y aun así se las ha seguido silenciando”, expresa Rebecca Solnit en el libro ¿De quién es esta historia?.
Juliana Martínez, Ph. D., profesora de Género y Sexualidad y Estudios Culturales de American University, coincide en que el movimiento alcanzó mayor repercusión cuando involucró a mujeres blancas, famosas y de sectores privilegiados.
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“Lo que vemos es un reflejo de la brecha de empatía: algunas víctimas nos importan más (…) porque Tarana llevaba muchísimos años trabajando temas de acoso y abuso con las comunidades negras”, afirma.
El crecimiento de las redes sociales también fue determinante para que estas denuncias alcanzaran una dimensión global. “El Me Too se convirtió en una herramienta, una manera de que millones y millones de personas en muchos países y en contextos muy diferentes entiendan y denuncien el acoso y el abuso sexual”, explica Martínez.
¿Qué significa realmente denunciar acoso?
Para el abogado penalista Rodrigo Parada, Colombia cuenta con una legislación robusta para proteger a las víctimas de acoso sexual. Esta conducta está tipificada como delito y puede incluir comentarios, mensajes, insinuaciones o comportamientos físicos de naturaleza sexual que afecten la dignidad o integridad de otra persona.
El Código Penal establece que incurre en este delito quien, valiéndose de una posición de autoridad o poder, “acose, persiga, hostigue o asedie con fines sexuales a otra persona”.
Sin embargo, Parada aclara que una relación de poder no necesariamente implica que exista un vínculo entre jefe y subordinado.
“Se entiende como acoso una actuación de una persona que tenga un factor de relevancia sobre la otra. Digo relevancia para no poner un tema de jerarquía, porque aun siendo un par de otra persona no quiere decir que no pueda tener un nivel mayor y ejercer poder, o posibilidad de generar hostigamiento o acoso”, explica el abogado penalista.
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Además, la Ley 2365 de 2024 establece medidas para prevenir y atender el acoso sexual en el ámbito laboral, entre ellas la adopción de protocolos por parte de los empleadores.
Ante una situación de este tipo, la persona puede acudir al protocolo de la organización y, si así lo decide, presentar una denuncia ante la Fiscalía.
“La ley no les obliga a que las empresas lleven los casos a la justicia. Sin embargo, es diferente en los casos dentro de las entidades públicas, por tratarse de servidores públicos y de que el acoso es un delito; estos sí se deben presentar ante la justicia”, indica Parada.
El abogado también enfatiza que acudir a un protocolo interno sin presentar una denuncia penal hace parte de las decisiones que pueden tomar las víctimas. Como ejemplo, menciona el caso de las mujeres que señalaron a Jorge Alfredo Vargas, quienes optaron por acudir al protocolo de la organización y consideraron que se hizo justicia sin llevar el caso ante la Fiscalía.
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¿Qué derechos tiene quien es señalado?
De acuerdo con el abogado penalista, la persona señalada tiene, en primer lugar, derecho a conocer de qué se le acusa. “El principal derecho es conocer las razones del señalamiento. No puedo defenderme de lo que desconozco”, asegura.
También tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que determine su responsabilidad. “Cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia, a que se lleve a cabo el proceso y sean las autoridades quienes determinen”, expresa.
La ‘funa’: ¿qué sucede con las denuncias que no llegan a los tribunales?
Las redes sociales se han convertido en un espacio para denunciar públicamente comportamientos abusivos, violentos o de acoso. Esta práctica de exposición pública es conocida popularmente como ‘funa’.
Para la investigadora Juliana Martínez, no se trata de una herramienta promovida específicamente por el movimiento Me Too, sino de un recurso al que algunas víctimas acuden ante la frustración con las instituciones.
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“Algunas víctimas recurren a ella para exponer y denunciar lo que las instituciones que deben proteger a los ciudadanos están fallando en proteger y castigar. Porque los sistemas han fallado”, advierte.
La popularización de estas denuncias también refleja las dificultades que enfrentan algunas mujeres para acceder a la justicia. Para el abogado Rodrigo Parada, estas barreras no son exclusivas de los casos de violencia de género.
“Existe una barrera a nivel general para que todas las personas accedan a la justicia. El sistema judicial colombiano tiene muchos inconvenientes. Las víctimas tienen que contar los casos muchas veces y tienen que pasar por muchos escenarios, lo que dificulta que accedan a la justicia”, sostiene.
Martínez coincide y señala que estos casos tienen particularidades que pueden dificultar su investigación y judicialización.
“Estos delitos (las violencias hacia la mujer) tienen muchos matices y, por eso, la carga probatoria es muy difícil”, asegura.
¿Y las falsas denuncias?
La exposición pública también abre otro interrogante: ¿qué ocurre cuando una acusación difundida en redes sociales resulta ser falsa?
Sobre este aspecto, Parada advierte que el problema no radica en la ‘funa’ en sí misma, sino en que se difunda información que no corresponde con la realidad. Es decir, cuando una persona acusa públicamente a otra de haber cometido un delito que no cometió.
En Colombia no existe actualmente una estadística oficial que permita determinar cuántas denuncias falsas se presentan, no solo en casos de violencia sexual, sino en términos generales. Sin embargo, un informe de la Corporación Sisma Mujer publicado en 2022 señaló que el 2 % de las denuncias por violencia sexual serían falsas.
En este último caso, el abogado advierte que quien atribuya falsamente a otra persona la comisión de un delito podría incurrir en el delito de calumnia y enfrentar consecuencias legales.
Los desafíos que le quedan al Me Too
El Me Too no creó las denuncias contra el acoso sexual, pero sí cambió la forma en que estas historias podían hacerse visibles, especialmente a través de las redes sociales.
Sin embargo, muchas mujeres que denuncian todavía enfrentan cuestionamientos sobre sus testimonios. Para Martínez, esto responde, en parte, a un contexto social en el que las mujeres siguen siendo responsabilizadas por las violencias que sufren.
“Como sociedad patriarcal tendemos a exculpar el comportamiento de los hombres y culpabilizar a las mujeres por el comportamiento de las mujeres y los hombres. Nosotras somos social y culturalmente hechas responsables del mal comportamiento de las personas en general y de los hombres en particular”.
