Demoras administrativas, remisiones entre prestadores, falta de información y desabastecimiento de medicamentos siguen dificultando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Causa Justa pide avanzar en una política pública integral.
Publicado por: Redacción Colombia
A más de cuatro años de la sentencia que modificó las reglas sobre el aborto en Colombia, las dificultades para acceder de manera oportuna a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) continúan siendo una preocupación para organizaciones que acompañan estos casos.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conmemorado el 28 de septiembre, el Movimiento Causa Justa pidió al Estado colombiano adoptar medidas para reducir las barreras en la prestación del servicio, prevenir los embarazos no deseados y fortalecer la educación sexual integral.
La solicitud tiene como antecedente la sentencia C-055 de 2022. En esa decisión, la Corte Constitucional estableció que el delito de aborto no se configura cuando la interrupción del embarazo se practica antes de la semana 24 de gestación. Después de ese plazo continúan aplicándose las tres causales establecidas desde la sentencia C-355 de 2006. El alto tribunal también exhortó al Congreso y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral en esta materia.
Más personas buscan acompañamiento
Las cifras recopiladas por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que hace parte de Causa Justa, muestran un aumento en las solicitudes de acompañamiento durante los últimos años.
Entre el 22 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2026, La Mesa atendió 3.591 casos. Las atenciones pasaron de 256 entre febrero de 2022 y febrero de 2023 a 1.314 entre febrero de 2025 y febrero de 2026. La organización atribuye parte de este crecimiento a una mayor visibilidad y a la ampliación de su presencia territorial.
Al mismo tiempo, disminuyeron los casos que requirieron acciones administrativas o legales para conseguir la atención. Según La Mesa, estos pasaron de 171 a 81 en los dos últimos años analizados, mientras aumentaron las consultas en las que el acceso pudo gestionarse a partir de información y orientación. Entre febrero y junio de 2026, además, el 80 % de las personas que reportaron la edad gestacional consultaron durante las primeras 12 semanas de embarazo.
Pese a esos cambios, la organización señala que todavía encuentra obstáculos como demoras administrativas, remisiones sucesivas entre prestadores, desconocimiento sobre los servicios disponibles y falta de medicamentos. En embarazos más avanzados también identifica dificultades para encontrar personal especializado, además de situaciones de estigmatización o intentos de persuadir a las personas para que desistan del procedimiento.
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Entre febrero de 2022 y junio de 2026, La Mesa registró 1.935 procedimientos de IVE dentro de los casos que acompañó. Solo durante el primer semestre de 2026 contabilizó 566, frente a 593 durante todo 2025. La organización aclara que estas cifras corresponden únicamente a las personas que acudieron a sus servicios y no representan el número total de abortos realizados en Colombia.
Las dificultades, además, pueden afectar de manera distinta a cada población. De acuerdo con Causa Justa, niñas y adolescentes pueden enfrentar problemas relacionados con la confidencialidad de la atención; las personas con gestaciones avanzadas tienen mayores dificultades para encontrar servicios especializados, y las personas migrantes pueden encontrarse con cobros o requisitos adicionales.
Como parte de las actividades del 28S, Causa Justa anunció su participación en movilizaciones pacíficas y acciones pedagógicas, además de la realización del VII Festival Causa Justa, cuya programación se extenderá durante octubre en diferentes lugares del país.
