La diligencia está prevista para las 8:00 a. m. y se realizará de manera virtual.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La investigación por la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que padecía hemofilia, tendrá un nuevo capítulo el próximo lunes 24 de agosto. La Fiscalía General de la Nación citó a cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS a una audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo.
La diligencia está prevista para las 8:00 a. m. y se realizará de manera virtual. Entre los citados se encuentra Luis Óscar Galves Mateus, quien era interventor de la Nueva EPS al momento de los hechos.
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También fueron llamados Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional en el Huila, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
El proceso está relacionado con la muerte de Kevin, ocurrida el 13 de febrero de este año, en medio de las denuncias sobre la atención que recibió mientras necesitaba tratamiento para la hemofilia.
A la investigación se suma otro elemento que generó controversia: la presunta alteración de la historia clínica del menor y la posterior divulgación de parte de esa información.
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La Fiscalía ha advertido que la historia clínica tiene carácter reservado. El tema tomó relevancia después de que el entonces presidente Gustavo Petro se refiriera públicamente a información relacionada con la atención médica que había recibido Kevin.
De acuerdo con los elementos conocidos del proceso, el ente investigador también revisa las actuaciones relacionadas con la intervención de la Nueva EPS. En particular, busca establecer si se presentaron omisiones en la atención del menor y en la gestión de los medicamentos que necesitaba.
La investigación, por ahora, deberá determinar las responsabilidades individuales que puedan existir alrededor de estos hechos y de las circunstancias que antecedieron al fallecimiento del niño.
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El caso llegó además a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Fiscalía compulsó copias el pasado 6 de agosto para que se investigara al entonces presidente Gustavo Petro por su posible responsabilidad en los hechos, relacionada con su condición de garante frente a las decisiones adoptadas durante la intervención de la Nueva EPS.
