La defensa de la exfuncionaria aseguró que la condena está relacionada con el uso del documento para acceder a un cargo público y no con la elaboración del título.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Juliana Guerrero fue condenada a tres años por el caso relacionado con sus títulos profesionales. Después de conocerse la decisión, su abogado, Felipe Alzate, habló en Medio radial y explicó qué fue lo que su defendida reconoció ante la Fiscalía y por qué terminó respondiendo por fraude procesal.
Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación después de varios meses de negociación. En ese proceso aceptó responsabilidad y recibió una pena de tres años, aunque, de acuerdo con lo explicado por su defensa, el acuerdo contempla que no cumpla la condena en prisión física ni bajo detención domiciliaria.
Para Alzate, uno de los puntos que más se ha interpretado de manera equivocada es la relación de Guerrero con el documento que presentó como parte de su formación profesional. El abogado sostuvo que su cliente no fue quien elaboró o falsificó materialmente el título.“Ella no falsificó el título, solo lo usó”, afirmó el defensor al explicar la posición de la defensa frente al proceso.
La explicación del abogado sobre el fraude procesal
Según Alzate, el proceso penal se concentró en el uso del documento para inducir en error a la autoridad encargada de evaluar su hoja de vida y no en la fabricación del diploma. Por esa razón, la conducta reconocida quedó relacionada con el delito de fraude procesal. Lea: Condenan a exfuncionario de la Fundación Universitaria San José por caso de títulos de Juliana Guerrero
El abogado también rechazó la idea de que la reducción de la pena obtenida en el preacuerdo corresponda a un trato especial para Guerrero. Explicó que se trata de una herramienta contemplada en la legislación para quienes aceptan responsabilidad y colaboran con la administración de justicia, evitando que el proceso avance hasta un juicio.
La condena, además de la pena impuesta, trae consecuencias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una sanción económica, según lo explicado por la defensa.
Alzate también fue consultado sobre las dudas alrededor de otras personas vinculadas al caso y sobre la posibilidad de que existiera una estructura organizada detrás de la obtención de los documentos. El abogado negó que, en lo relacionado con su defendida, existan elementos que permitan hablar de una organización criminal.
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Su argumento es que las decisiones judiciales tomadas contra distintas personas no significan, por sí solas, que todas hayan hecho parte de una misma estructura delictiva.
El defensor también marcó distancia frente a asuntos que no hacen parte de su labor jurídica, entre ellos las especulaciones sobre posibles colaboraciones de Guerrero con la justicia o situaciones relacionadas con su permanencia fuera del país. Señaló que su intervención se ha limitado a la defensa técnica dentro del proceso.
