Dos propuestas serán analizadas por la Corte mientras persisten dificultades para consolidar una ruta que garantice derechos fundamentales.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Nueve años después de que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez Wayuu en La Guajira, la situación que dio origen a esa decisión aún no está completamente superada. El alto tribunal advirtió que persisten causas estructurales de la crisis y que el Plan Estructural de Acción, creado para reunir y articular las medidas necesarias, todavía no se ha materializado de manera definitiva.
En 2017, ante las altas cifras de muertes de niños y niñas Wayuu de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia por desnutrición y causas asociadas, la Corte dictó la Sentencia T-302 de 2017. En ella declaró el estado de cosas inconstitucional frente al goce efectivo de los derechos a la salud, el agua potable, la alimentación y la participación de los menores.
Como parte del cumplimiento de ese fallo, la Corte ordenó construir un plan que reuniera de manera sistemática los compromisos de las distintas autoridades para garantizar esos derechos.
El instrumento debía ser escrito, público, incorporar un enfoque diferencial y tener en cuenta las particularidades culturales y territoriales del pueblo Wayuu.
El plan que todavía no logra consolidarse
Sin embargo, el propio tribunal señala que la orden impartida para construir el Plan Estructural de Acción aún no ha sido materializada de manera definitiva. Durante el seguimiento, la Corte ha tenido que emitir nuevas órdenes para obtener los componentes del plan en materias como agua, alimentación, salud y movilidad.
#LaCorteInforma | El 13 de octubre, la Corte realizará en Riohacha una sesión técnica sobre transparencia y avances del Plan Estructural de Acción para garantizar los derechos de la niñez Wayuu.
— Corte Constitucional (@CConstitucional) September 29, 2026
Auto 1300/26
M.P. Carlos Camargo Assis
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Hasta el momento, hay en curso dos propuestas de Plan Estructural de Acción que todavía deben ser discutidas y analizadas. Una fue presentada por la Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia, a partir de distintos procesos de participación con comunidades Wayuu.
Por otra parte, surgió la propuesta elaborada en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP). Esta propuesta fue entregada formalmente a la Corte el 29 de julio de 2026.
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Sin embargo, la Corte ha encontrado en ellas problemas estructurales y de fondo relacionados con la garantía de la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Por esta razón, el alto tribunal ha considerado necesario contrastar las observaciones de las entidades de vigilancia y control con las explicaciones de las autoridades responsables.
Corte prepara una nueva sesión en Riohacha
Ante este panorama, la Sala Especial de Seguimiento convocó para el 13 de octubre de 2026, en Riohacha, una sesión técnica presencial con representantes de entidades nacionales y territoriales, organismos de control, la Veeduría Ciudadana y miembros del pueblo Wayuu.
La sesión estará dedicada, en principio, al objetivo constitucional relacionado con la imparcialidad y la transparencia. Allí se abordarán, entre otros asuntos, la asignación de beneficios, la selección de contratistas y la coordinación de las entidades de control.
Asimismo, se analizará la situación del Plan Estructural de Acción. Para este punto, la Consejería Presidencial para las Regiones, la Veeduría Ciudadana y la Procuraduría deberán presentar las propuestas existentes, mientras que el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y representantes Wayuu intervendrán sobre la legitimidad y el diálogo con las comunidades.
