La organización cobraba hasta 7.000 dólares por cada paquete documental y utilizaba registros civiles, cédulas y pasaportes falsos para facilitar viajes hacia Estados Unidos y Europa.

Hay negocios que se mueven con la misma lógica que cualquier otro, con precios, catálogos y hasta clientes recurrentes, solo que, en este caso, lo que se comercializaba era algo tan sensible como la identidad de una persona.
Esa fue la revelación que hizo la Policía colombiana tras desarticular una organización que llevaba años operando entre Bogotá, Barranquilla y el departamento del Huila.
La operación, bautizada como Apócrifo, se ejecutó de manera simultánea en varias ciudades del país y dejó como resultado la captura de 15 personas, entre ellas cuatro funcionarios públicos.
Doce de los detenidos son ciudadanos colombianos y tres son de nacionalidad dominicana, todos señalados de participar en delitos como tráfico de migrantes, concierto para delinquir y acceso abusivo a un sistema informático, entre otros. Además: Más de 1.200 uniformados se toman Cali en la Operación ‘Iron’ contra el crimen

Funcionarios adentro y una red bien montada
La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), que trabajó de la mano con la Fiscalía y contó con el respaldo de autoridades estadounidenses, Migración Colombia, la Registraduría Nacional y la Policía de España, un despliegue que da cuenta de la dimensión internacional del caso.
De acuerdo con las autoridades, la organización captaba principalmente a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela, a quienes les ofrecía la posibilidad de obtener la nacionalidad colombiana a través de registros civiles de nacimiento, cédulas y pasaportes falsificados.
Para lograrlo, la red contaba con la colaboración de tres funcionarios de la Registraduría en Bogotá y Barranquilla, quienes, según la investigación, aprovechaban sus cargos para omitir requisitos legales, ingresar al sistema biométrico, registrar huellas y expedir cédulas de ciudadanía adulteradas.
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A ese entramado se sumó la captura de una funcionaria de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Huila, acusada de formalizar y entregar pasaportes con base en cédulas fraudulentas, un eslabón que le permitía a la organización completar el ciclo documental necesario para que sus clientes pudieran viajar sin levantar sospechas. Siga informado: Rescatan a ocho personas durante operativo militar contra el Eln en el Catatumbo
En una operación articulada entre @PoliciaColombia, @FiscaliaCol, @StateDeptDSS, @MigracionCol, @Registraduria y @policia de #España, fue desarticulado el grupo delincuencial “Apócrifo”. En Bogotá, Barranquilla, Soledad y Neiva fueron capturadas 15 personas por diversos delitos. pic.twitter.com/bdPqKzZDaF
— Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) September 29, 2026
Un paquete de identidad con precio y ruta fija
El negocio tenía un modelo bien estructurado. Según la Policía, la organización cobraba hasta 7.000 dólares por cada paquete de documentos, un valor que variaba según la complejidad del trámite solicitado.
El procedimiento comenzaba con la llegada de los extranjeros a Colombia, donde eran alojados temporalmente mientras se coordinaban las visitas a notarías y registradurías.
En esos lugares, miembros de la red se hacían pasar por los padres biológicos de los beneficiarios y presentaban declaraciones juramentadas falsas junto con documentos apócrifos para tramitar registros civiles de nacimiento.
Una vez en poder de la documentación colombiana, los beneficiarios emprendían viaje hacia Estados Unidos y Europa, utilizando rutas terrestres y aéreas que incluían conexiones en Ecuador, Perú y Brasil.
El director de la Dijín, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, advirtió sobre el perfil de algunos de quienes se beneficiaban de estas identidades falsas. Entre ellos, dijo, figuran personas con antecedentes por narcotráfico y delitos federales como lavado de activos en Estados Unidos, lo que añade una capa adicional de preocupación sobre el alcance real de la red. Lea también: El peso estratégico de Coveñas en el petróleo y el turismo del Caribe colombiano
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Las autoridades señalaron como presunto cabecilla de la organización a Wilson Gabriel Germosén Ramírez, conocido con el alias de Tito, un ciudadano dominicano que residía en Colombia desde 2017 y que, según la investigación, habría obtenido su propia identidad de manera irregular en 2019.
La Policía indicó que el hombre registraba antecedentes penales en su país de origen y que había sido deportado previamente de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de armas y estupefacientes.
Con esta operación, las autoridades colombianas buscan enviar un mensaje claro frente a las redes que, desde dentro de las propias instituciones, facilitan el tráfico de personas hacia otros continentes, un fenómeno que sigue exigiendo cooperación internacional para ser desmantelado por completo.

















