El resultado llevó a reabrir las conversaciones sobre el texto que había sido negociado en La Habana.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Hace diez años, Colombia acudió a las urnas para decidir si respaldaba el Acuerdo Final de Paz negociado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. El resultado fue estrecho: el No obtuvo 6.431.376 votos, mientras que el Sí alcanzó 6.377.482. La diferencia fue de 53.894 sufragios.
La votación se realizó el 2 de octubre de 2016. Para entonces, el Gobierno había adelantado durante cuatro años las negociaciones con las Farc, con las que buscaba poner fin al conflicto armado. La Registraduría tenía habilitados 34.899.945 ciudadanos para participar en el plebiscito.
El resultado llevó a reabrir las conversaciones sobre el texto que había sido negociado en La Habana. Durante las semanas siguientes se discutieron modificaciones al acuerdo, después de las objeciones planteadas por sectores que habían promovido el No.
El proceso terminó con un nuevo documento. El 24 de noviembre de 2016, Santos y Rodrigo Londoño, entonces comandante de las Farc, firmaron el nuevo Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá. Se trataba de una versión modificada frente al texto que había sido sometido a votación en octubre. Posteriormente, el Congreso de la República lo refrendó.
A partir de allí comenzó la implementación del acuerdo, que incluyó la dejación de armas de las Farc, la reincorporación de sus integrantes y compromisos relacionados con asuntos como tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de las víctimas.
También se puso en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dentro de este sistema quedaron la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Diez años después del plebiscito, uno de los asuntos que continúa en discusión es el funcionamiento de la JEP. La jurisdicción tiene entre sus funciones investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto y establecer responsabilidades individuales.
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En julio de 2026, el Ministerio de Justicia informó que 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad tenían sanciones propias impuestas y que se habían asegurado más de $20.000 millones para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos.
La JEP mantiene como horizonte institucional 2033 para desarrollar su misión y resolver la situación jurídica de los comparecientes, mientras continúa con sus investigaciones, juicios y decisiones.
