El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para cerrar los espacios de financiación de los grupos armados, mientras la oposición alerta sobre una posible concentración de poder.
En los pasillos del poder en Bogotá circula desde hace unos días un documento que todavía no ha llegado oficialmente al Congreso, pero que ya generó debate.
Su borrador se filtró a los medios de comunicación, tiene más de 130 artículos y promete cambiar la forma en que el Estado persigue a quienes considera enemigos de la seguridad nacional.
Sus defensores hablan de cerrar los espacios por donde respiran los grupos armados. Sus críticos, de un poder demasiado grande concentrado en pocas manos.
Se trata del proyecto de ley que el Gobierno prepara para fortalecer las herramientas jurídicas, financieras y operativas del Estado contra organizaciones y personas consideradas terroristas.
Será presentado al Congreso en las próximas semanas y la oposición ya cuestionó el alcance de las facultades que contempla para el Ejecutivo.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, describió el denominado “estatuto antiterrorista” como una pieza que crea una lista de organizaciones terroristas y de la cual se desprenden normas específicas para esas estructuras, con el fin de “atacar las finanzas” de los grupos armados. Además: El FBI y la Interpol en Santander: Las pistas que revelaron el paradero de la familia del temido narcotraficante ‘Fito’
Una lista que apunta a bancos y notarías
El corazón de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una base pública con características similares a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identifica a personas y entidades sujetas a sanciones financieras.
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Su consulta sería obligatoria para bancos, notarías y otros sectores dentro de sus procesos de debida diligencia.
Quien figure allí enfrentaría el congelamiento de sus fondos y activos, además de restricciones para contratar con el Estado o acceder a determinados recursos públicos.
La propuesta pretende incluir no solo organizaciones, sino también personas individuales, mediante una decisión administrativa del Consejo de Seguridad Nacional.
Para el senador opositor Iván Cepeda, esto resulta “especialmente preocupante”, porque permitiría imponer consecuencias económicas y patrimoniales sin una condena judicial previa. Lea también: Ejército halla una tonelada de explosivos ocultos en zona rural de Sardinata
Cómo se entraría y cómo se saldría de la lista
El texto conocido contempla varias vías de ingreso al registro, entre ellas las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, las listas vinculantes de Naciones Unidas y las designaciones hechas por otros países que Colombia reciba.
Quienes resulten incluidos podrían solicitar su exclusión y, si se les niega, acudir al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país.
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Aun así, la oposición reclama que sea el Ejecutivo y no un juez quien determine en primera instancia quién entra a la lista. También advierte que una definición demasiado amplia de terrorismo podría alcanzar incluso conductas vinculadas con la protesta social. Lea también: De La Espriella revisó con Estados Unidos nueva estrategia contra el narcotráfico
Bienes bajo la lupa y las finanzas del crimen
El estatuto propone una incautación preventiva más rápida de los bienes vinculados a las organizaciones y los actores incluidos en el registro, con mecanismos para administrarlos y darles eventualmente una destinación social.
Además, busca perseguir las fuentes de financiación de las estructuras armadas y criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal, el comercio de oro y otras economías ilícitas. Lea también: Estatuto Antiterrorista y Ley de Sometimiento tendrán que esperar: aplazan reunión del Consejo de Política Criminal
En este Gobierno, lo que se dice se hace. En @MinInterior trabajamos, no perdemos el tiempo.
— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026
Mañana pasa a firma del Presidente @ABDELAESPRIELLA el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable.
Tres principios. Tres reformas:
— Se… pic.twitter.com/aZcdee3OzV
Un cargo de cinco años que enciende alarmas
Otro punto polémico es la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, que tendría un periodo de cinco años y sería designado directamente por el presidente.
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El proyecto también contempla facultades extraordinarias para el mandatario durante seis meses, con el fin de reglamentar la nueva oficina.
Para la oposición, que el periodo exceda el del actual Gobierno despierta dudas sobre la concentración de poder.
Cepeda fue más lejos y aseguró que la figura se convierte en “la creación de un cargo con plenos poderes, que es definido bajo estado de excepción por Abelardo de la Espriella, y que excede el periodo de cualquier gobierno”. Además: De La Espriella anuncia búsqueda internacional de los autores intelectuales del crimen de Miguel Uribe Turbay
Bombardeos, tutelas y un régimen especial
En el plano militar, el proyecto busca precisar las reglas para las operaciones de la Fuerza Pública contra organizaciones consideradas terroristas y contempla herramientas como bombardeos y ataques aéreos, siempre dentro del marco del derecho internacional humanitario (DIH).
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También apunta a que el Consejo de Estado conozca en primera instancia las tutelas, es decir, los recursos de amparo, presentadas contra el presidente o las autoridades de Defensa por actuaciones relacionadas con operaciones de seguridad nacional.
La oposición considera que estas disposiciones pueden reducir los controles judiciales sobre el Ejecutivo y la Fuerza Pública. Además: De La Espriella reactiva la Fuerza de Tarea Urano contra el Eln y Clan del Golfo
En materia penal, se plantean modificaciones para delitos como secuestro, extorsión, narcotráfico, minería ilegal, uso de drones, delitos informáticos, delitos electorales y ataques contra infraestructura crítica.
Se propone igualmente un régimen penitenciario especial para los jefes de los grupos armados y beneficios para los integrantes que colaboren con las autoridades y contribuyan a desarticular sus organizaciones.
Un pulso entre seguridad y garantías
El Gobierno sostiene que el conjunto de medidas busca cerrar los espacios financieros, jurídicos y operativos de los grupos terroristas.
La oposición, en cambio, advierte que la amplitud de las definiciones y de las facultades administrativas puede terminar afectando derechos fundamentales. El debate apenas comienza y su desenlace dependerá de lo que ocurra cuando el texto llegue al Congreso.
