La entidad calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima a título de dolo y le permitirá presentar sus descargos.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La actuación de los funcionarios públicos durante las campañas electorales vuelve a generar cuestionamientos en Colombia. Esta vez, el protagonista es Daniel Quintero Calle, quien enfrenta un nuevo capítulo disciplinario por sus pronunciamientos en medio de la contienda presidencial de 2026.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsuperintendente Nacional de Salud por su presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial, disputada entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
La entrevista que puso nuevamente a Quintero bajo la lupa del ente de control
El caso está relacionado con una entrevista concedida por Quintero, cuyo video circuló en TikTok. En la grabación, el entonces funcionario manifestó su respaldo a Cepeda y expresó su rechazo a la candidatura de De la Espriella.
Para el Ministerio Público, estas declaraciones podrían representar un incumplimiento de los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que deben orientar el ejercicio de la función pública.
Por esta razón, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima a título de dolo. Ahora, Quintero tendrá la oportunidad de presentar sus descargos y solicitar las pruebas que considere necesarias para ejercer su defensa.
Los antecedentes disciplinarios que rodean al exalcalde de Medellín
La investigación comenzó el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial. En ese momento, el organismo de control también incluyó en sus actuaciones varias publicaciones realizadas por Quintero en la red social X, relacionadas con los resultados electorales.
Este nuevo proceso se suma a otros antecedentes. Durante la campaña presidencial de 2022, cuando era alcalde de Medellín, fue suspendido durante tres meses por presunta participación indebida en política.
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Posteriormente, en noviembre de 2025, la Procuraduría confirmó en segunda instancia una inhabilidad especial de seis meses, decisión que permanece pendiente de revisión por parte del Consejo de Estado.
