La investigación documentó 27 hechos violentos en Bogotá y estableció posibles responsabilidades de antiguos integrantes de unidades militares.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La violencia contra dirigentes políticos y antiguos integrantes de organizaciones guerrilleras en Bogotá, durante las décadas de los años 80 y 90, vuelve a ocupar la atención de la justicia transicional en Colombia.
Las investigaciones buscan esclarecer cómo operaban algunas estructuras militares de inteligencia y cuál fue su participación en los hechos que marcaron uno de los periodos más violentos del conflicto armado.
En este contexto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó en el esclarecimiento de los crímenes atribuidos a unidades de inteligencia del Ejército Nacional, que habrían desarrollado operaciones clandestinas entre 1985 y 1993.
Ocho exintegrantes del Ejército llamados a responder
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llamó a ocho antiguos integrantes de la Fuerza Pública a reconocer su responsabilidad como máximos responsables por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio contra la Unión Patriótica (UP).
La decisión está relacionada con los casos 06, que investiga el genocidio contra este movimiento político, y 08, que aborda los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes estatales y terceros en el marco del conflicto armado.
Según la investigación, los señalados hicieron parte de estructuras como el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), posteriormente conocido como COICI y Brigada XX.
⚖️ La JEP atribuyó responsabilidad a ocho exintegrantes de inteligencia del Ejército por una serie de crímenes cometidos entre 1985 y 1993. Según la investigación, la estructura a la que pertenecían habría participado en detenciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y… pic.twitter.com/idjDgLTbW8
— Vanguardia (@vanguardiacom) November 11, 2026
Dos patrones criminales identificados por la JEP
La Sala identificó dos patrones de violencia. El primero estuvo dirigido contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, quienes fueron víctimas de estigmatización, seguimientos, señalamientos y ataques.
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El segundo afectó a integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP. Según el organismo, varias personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas, asesinadas y desaparecidas forzosamente cuando se encontraban fuera de combate.
La investigación documentó 14 hechos relacionados con el primer patrón, que dejaron 18 víctimas, y otros 13 hechos correspondientes al segundo, con 15 víctimas.
La JEP también encontró que existía un aparato clandestino encargado de recopilar información, elaborar perfiles, realizar seguimientos y coordinar operaciones. Además, estableció que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) tenía conocimiento de los hechos investigados.
