La discusión político jurídica que se dará en el Congreso de la República después del 16 de marzo sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz será tan larga como profunda y muy agitada, al punto que se podría tomar varios meses
Las seis réplicas del primer mandatario están fundamentadas, supuestamente, en temas de inconveniencia y no en la legalidad lo cual ya fue hecho por la Corte Constitucional en su fallo. Y es ahí por donde la discusión se está empezando a dar, es decir si realmente el jefe del Estado sí podía objetar la ley o solo firmar la misma.
Y es desde ahí en donde arranca toda la polémica. Duque, a su regreso en febrero pasado de su gira por Estados Unidos, aseguró a los medios de comunicación que presentaría cuestionamientos a la ley y que la firmaría.
“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”, dijo el presidente Duque en su momento en Nueva York.
Incluso señaló que, ante esa imposibilidad, sí estaba considerando presentar una nueva legislación que permitiera que estos delitos contra menores de edad no estén incluidos en los beneficios que reciben quienes se acogen a esta jurisdicción, creada en el marco de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc. Es decir, parte de la reforma que anunció el domingo en la noche.
Sin embargo, el cambio de postura del mandatario fue completo en menos de un mes. De ahí que objetó la ley y ratificó que tramitará una reforma constitucional. Este lunes en ese sentido le pidió al Congreso que les dé pronta discusión a sus observaciones. “Lo que se ha buscado es darle unas herramientas al Congreso de la República en función de las atribuciones que me da a mí el artículo 166 de la Constitución. Yo espero que el Congreso de Colombia analice estas objeciones y pueda contribuir a hacer las modificaciones que nos den a nosotros una justicia con genuina verdad genuina reparación y genuina no repetición”, explicó.
Posiciones divididas
Mientras que Duque envía ese mensaje al Congreso de la República de avocar la discusión de las discrepancias por inconveniencia a la ley estatutaria, las mesas directivas están divididas frente a sí es posible o no discutir las mismas.
Son dos las posturas: una que sí deben el Senado y la Cámara, tan pronto arranquen las sesiones ordinarias, debatir las objeciones y, la segunda postura, que no se puede porque ya la Corte Constitucional definió la legalidad de la ley.
En tal sentido el presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que tras ser recibidas este lunes los cambios que pide el presidente, las mismas serán repartidas, se procederá además a designar dos comisiones, y se esperará ya para que en sesiones ordinarias se voten esos informes, en donde se determina si se acogen o no.
Macías consideró además que “las seis objeciones a la estatutaria de la JEP con la propuesta de reforma constitucional, que anunció el presidente Iván Duque era lo conveniente y sensato. Sancionarla u objetarla totalmente era una posición fanática y desafortunada” y destacó además que “actuó con sensatez al acompañar seis objeciones a la estatutaria de la JEP con una propuesta de reforma constitucional, era lo indicado. El Congreso tendrá que analizar y discutir si va más al fondo”.
No obstante, en la Cámara de Representantes otra lectura sería la que le está dando la mesa directiva al estudio de los reparos del mandatario a la ley estatutaria. Por ejemplo, se estudia si realmente el Congreso es competente para darle trámite a las objeciones presidenciales en los términos fijados en los artículos 241, 165 a 167 de la Constitución y 197 a 201 de la Ley 5 de 1992.
La Cámara además evalúa los comentarios que hizo el procurador Fernando Carrillo en carta al presidente Iván Duque en febrero pasado, en la que le advertía que hay poca claridad sobre la facultad del mandatario de presentar objeciones al proyecto de ley estatutaria en mención.
El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, aseguró que por ahora no se va a pronunciar, que en compañía de su grupo de abogados analizará cuál postura jurídica de las que se han dicho es la que se debe adoptar.
Pero desde el Centro Democrático, su jefe, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, salió en defensa de las objeciones de Duque y de la obligación que tiene el Congreso de la República para tramitar las mismas.
“Estas objeciones simplemente tratan de eliminar algo de esa dañina impunidad total, y no podemos olvidarnos primero que el NO ganó el plebiscito, segundo que los desconocieron, tercero que las Farc impuso la JEP y, cuarto, que no contenta de haber impuesto ese mecanismo han exigido que toda persona para entrar a la JEP tiene que ser amiga de las Farc. Bienvenidas las objeciones”, declaró el senador oficialista.
En la polémica también se pronunció el expresidente César Gaviria Trujillo y sostuvo que “esta decisión presidencial pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las Farc, se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes”.
Gaviria anticipó que las bancadas de su partido negarán esas objeciones. “En primer lugar, tenemos serias dudas sobre si resultaba o no pertinente la presentación de las objeciones tratándose de un proyecto de ley que fue de iniciativa gubernamental y que se tramitó con la participación de los representantes del gobierno y la Corte Constitucional revisó el proyecto y lo encontró Constitucional”, indica el expresidente.
El partido de las Farc, al pronunciarse sobre las objeciones, sostuvo que “no se trata ahora de desmontar los inconsistentes argumentos que Álvaro Uribe ha enviado a Duque ordenándole objetar la Ley, todos ellos inconsistentes y arbitrarios como en su día declaró la Corte Constitucional, sino de destacar que con estas objeciones el Centro Democrático y sus aliados dan un paso más, quizás el definitivo, para hacer trizas el acuerdo de paz como manifestara Londoño en el último congreso del partido que ha puesto encargado en el Palacio de Nariño”.
La discusión apenas se inicia y, sin duda, será el tema de mayor discusión que se tendrá durante las próximas semanas en el Congreso de la República, incluso por encima del plan nacional de desarrollo.
