La iniciativa, considerada el proyecto bandera de la actual administración, enfrenta reparos incluso entre los partidos que respaldan al Gobierno. La falta de consensos, el poco tiempo para tramitarla y las dudas sobre su impacto económico ponen a prueba las mayorías en el Congreso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La ley de rescate fiscal se convirtió en una verdadera prueba de fuego para el Gobierno de Abelardo de la Espriella. No solo es una de las apuestas legislativas más importantes de su administración, sino que su contenido ha generado reparos incluso entre las bancadas que respaldan al mandatario en el Congreso.
El panorama podría pasar de la relativa facilidad con la que el Ejecutivo consiguió la aprobación de la ley de sometimiento a un complejo pulso legislativo para sacar adelante una iniciativa que considera necesaria y urgente para enfrentar la situación fiscal del país.
El Gobierno tiene varios obstáculos por superar: el poco tiempo disponible para su aprobación, la falta de respaldo político y las dudas que despiertan algunas de sus medidas tributarias. Por eso, más allá del mensaje de urgencia que ya presentó, necesitará construir acuerdos y garantizar los votos para evitar que su principal apuesta económica se quede en el camino. Lea también: Centro Democrático propone vender acciones de Ecopetrol, reducir el Estado y descartar impuestos a los alimentos
Se debilitan los apoyos de los aliados del Gobierno
La coalición que respalda al Gobierno en el Congreso comenzó a mostrar fisuras frente al proyecto de rescate fiscal. Varias colectividades que acompañaron la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño ya manifestaron sus reparos y preparan contrapropuestas para modificar la iniciativa.
Uno de los cuestionamientos más fuertes provino del Centro Democrático. Después de una reunión de su bancada en Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que existe consenso entre sus congresistas sobre la insuficiencia de las medidas de ahorro planteadas por el Ejecutivo.
“Hubo un consenso en que el ahorro que propone el Gobierno es muy poco, hay que aumentarlo sustancialmente, eliminando entidades que tienen duplicidad, haciendo fusiones, etc.”, señaló.
Las críticas de esta colectividad también apuntan a lo que consideran una propuesta tímida en materia de impulso a la inversión privada. A esto se suman las preocupaciones por el incremento del IVA y sus posibles efectos sobre los sectores de menores ingresos.
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El malestar no se limita al Centro Democrático. La bancada del Partido Liberal también expresó reparos frente a la iniciativa, especialmente por el aumento de impuestos a productos de consumo cotidiano como el café, el azúcar y los aceites, que podría impactar el bolsillo de los hogares de menores ingresos.
Aunque los liberales reconocen la necesidad de enfrentar la crisis fiscal y reducir el gasto estatal, consideran que deben explorarse otras alternativas que no afecten a los sectores populares ni comprometan la inversión en las regiones.
A este escenario se suman las voces críticas dentro del propio partido Salvación Nacional, como la de la representante Carol Borda, lo que evidencia que las dificultades del Ejecutivo no se limitan a la oposición.
El Gobierno tenía prevista una reunión con sus bancadas en Barranquilla para intentar acercar posiciones y construir un consenso. Sin embargo, las colectividades ya preparaban propuestas alternativas y el Ejecutivo no había manifestado su intención de apartarse del texto original.
El Centro Democrático, de hecho, no descartó otras salidas. Uribe mencionó la posibilidad de ajustar el proyecto o incluso reemplazarlo por una reforma de carácter más estructural.
Así, el Gobierno enfrenta el desafío de evitar que sus propios aliados terminen convirtiéndose en un obstáculo para la aprobación de su principal apuesta económica. Le puede interesar: ¿Tiene deudas y teme un embargo? Así puede consultar gratis por internet si tiene un proceso en su contra
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Contra el reloj: seis semanas para sacar adelante la reforma
A la falta de consensos políticos se suma otro problema: el calendario legislativo. El proyecto fue radicado el 29 de octubre y tiene como fecha límite el 16 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Esto deja aproximadamente seis semanas para completar su trámite, aunque el Gobierno podría recurrir a sesiones extraordinarias si busca que la iniciativa quede aprobada a tiempo para entrar en vigor durante la vigencia fiscal de 2027.
El Ejecutivo ya presentó un mensaje de urgencia para acelerar la discusión. Con este mecanismo busca que, una vez se radique la ponencia, el proyecto tenga prelación en la agenda legislativa y pueda comenzar su debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara.
En la comunicación enviada a los presidentes del Congreso, el Gobierno advirtió sobre las consecuencias de aplazar la discusión.
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“La prolongación del trámite legislativo ordinario reduciría la capacidad preventiva de la norma, pues permitiría que continúe el crecimiento ineficiente del gasto, se agrave la presión presupuestal por el incremento en el servicio de la deuda y se comprometa la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señaló el mandatario.
Sin embargo, el tiempo disponible representa un desafío considerable. Un informe de Orza Relacionamiento Estratégico y Rodríguez Piedrahita Derecho Tributario proyecta que el calendario legislativo comenzaría la próxima semana con la designación de ponentes y la elaboración de la ponencia, proceso que podría extenderse durante el resto de noviembre.
De acuerdo con esa proyección, la aprobación en primer y tercer debate se buscaría durante las dos primeras semanas de diciembre, mientras que el paso por las plenarias, incluida la discusión y votación, quedaría para la segunda mitad de ese mes.
Los antecedentes tampoco ofrecen un panorama sencillo. El estudio señala que las reformas tributarias y las leyes de financiamiento recientes han tardado entre 33 y 85 días desde su radicación hasta la presentación de la ponencia para primer debate.
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En el caso de la ley de rescate fiscal, radicada el 29 de octubre, el Gobierno tendría alrededor de 48 días para completar el trámite antes de finalizar las sesiones ordinarias.
Las experiencias anteriores muestran las dificultades de este calendario. Las iniciativas tributarias de los gobiernos de Iván Duque, en 2018 y 2019, necesitaron sesiones extraordinarias para completar su aprobación. La reforma tributaria de Gustavo Petro de 2022 logró salir adelante durante las sesiones ordinarias, mientras que su Ley de Financiamiento de 2025 terminó archivada.
Para el Gobierno de De la Espriella, el reto será mantener las mayorías y construir acuerdos que permitan que el proyecto avance, incluso si necesita una convocatoria a sesiones extraordinarias después del 16 de diciembre.
Alejandro Ordóñez, ante su primera gran prueba política
En este escenario, el papel del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, será determinante. Su llegada a esa cartera representa uno de los principales retos políticos de la administración, pues tendrá la responsabilidad de evitar que se sigan debilitando los respaldos de los partidos oficialistas y, al mismo tiempo, acercar posiciones con las bancadas independientes.
La tarea no será sencilla. El proyecto genera inquietudes incluso entre los sectores que acompañan al Ejecutivo y el Gobierno necesita algo más que disciplina partidista para conseguir los votos, pues tendrá que negociar modificaciones, responder a las preocupaciones sobre el impacto de los nuevos impuestos y ofrecer garantías frente a las medidas de ahorro.
Además, el nombramiento de Ordóñez ha despertado interrogantes sobre su capacidad para tender puentes y construir consensos en un Congreso donde las mayorías comienzan a mostrar diferencias.
La ley de rescate fiscal será, por tanto, mucho más que una discusión sobre impuestos y reducción del gasto. Su trámite pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno, la cohesión de su coalición y el margen de maniobra de su nuevo ministro del Interior.
Si el Ejecutivo no consigue recomponer sus apoyos en las próximas semanas, su proyecto bandera podría enfrentar un camino mucho más difícil del previsto.
*Con información de Colprensa.
