El Gobierno busca reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte para importar gas venezolano, reducir costos de abastecimiento y diversificar la oferta. La operación podría comenzar en 2027, pero depende de reparaciones y permisos de Estados Unidos.
En medio de un escenario de déficit de gas en Colombia y con el sistema operando a su máxima capacidad, el Gobierno anunció que priorizará la reactivación del gasoducto con Venezuela.
El Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol explicó que el Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte será incluido entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES). La medida busca reactivar esta infraestructura para importar gas desde Venezuela y diversificar las fuentes de abastecimiento del país.
Se trata de una infraestructura que funcionó desde 2007 hasta 2015, mediante una red de 225 kilómetros de largo. De ellos, 88 eran de Colombia y 137 de Venezuela, desde La Guajira hasta Maracaibo. También puede leer: Ley de rescate económico: ¿cómo afecta a empresas y empleadores?
Impacto en el bolsillo de los colombianos
Ecopetrol aseguró que reactivar este proyecto podría contribuir a un suministro de gas a precios más competitivos para los hogares y la industria colombiana.
Uno de los principales atractivos del proyecto es la reducción de costos. El gas natural importado por vía marítima debe licuarse para transportarse al país y, una vez que llega aquí, nuevamente ser regasificado. Estos procesos incrementan el valor final.
Por eso, la importación de gas permitiría reducir estos costos. De acuerdo con Ecopetrol, la medida contribuiría a reducir el desabastecimiento a mediano plazo. Lea: ¿Qué le falta a la reforma pensional de 2024?
Según explicaron, la iniciativa permitirá avanzar en la rehabilitación de una infraestructura con capacidad de transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalentes a cerca de la mitad del consumo nacional.
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Sin embargo, será por etapas. En la primera, se buscará importar 50 millones de pies cúbicos diarios, aproximadamente el 5 % de ese consumo.
Para Sergio Cabrales, docente y consultor minero-energético, esta implementación podría generar un ahorro potencial de hasta el 75 % en el costo del gas importado.
“El precio del gas importado en Cartagena para los meses de septiembre a noviembre fue de USD 24.97 por MBTU, frente al gas en Venezuela, que puede ser de USD 6 por MBTU. Eso puede traducirse en un alivio para todos los usuarios en Colombia, incluidos los usuarios residenciales”, indicó. Le puede interesar: Alimentos y productos: ¿cuáles tendrían cambios en el IVA?
Un problema de abastecimiento de gas
Cabe recordar que, aproximadamente desde diciembre de 2024, el país dejó de abastecerse exclusivamente con las reservas de gas natural nacional.
Desde entonces y progresivamente, el país se ha ido abasteciendo con gas natural importado.
De hecho, de acuerdo con cifras entregadas por el Gobierno nacional, este año, entre el 28 % y el 34 % del gas comercializado es importado, mientras que las reservas probadas han disminuido un 46 % entre 2021 y 2025.
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Ahora, en medio del fenómeno de El Niño, el escenario es más preocupante para el país: dos de cada tres moléculas de gas importado son destinadas a las plantas térmicas, que respaldan el sistema eléctrico del país y que están a prueba por su intensidad en los siguientes meses.
Por su parte, desde Naturgas consideran que el gasoducto permite dar estabilidad al servicio, así como diversificar las fuentes de suministro para atender la demanda nacional.
Por otro lado, el exministro de Minas y Energía Edwin Palma expresó que esta era la ruta que se había trazado desde el Gobierno anterior. “Hoy Ecopetrol reconoce que ese gas es más competitivo que el importado... ahora falta lo de fondo: reparar el tubo y la licencia de la OFAC”, sostuvo.
¿Qué necesita el proyecto para materializarse?
La infraestructura se encuentra sin operar desde hace unos 10 años. Por lo tanto, se deberá rehabilitar el tramo correspondiente, además de reponer cinco kilómetros de tuberías.
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Sin embargo, además de las adecuaciones, el proyecto necesita permisos de Estados Unidos. Se trata de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El Gobierno aseguró que la operación se proyecta para mediados de 2027, aunque dependerá de estos requisitos regulatorios.
Así lo expresa también el profesor Cabrales, quien sostuvo que esta solución requiere tiempo para materializarse, lo cual podría ocurrir entre finales del próximo año y mediados de 2028, además de que el proyecto requeriría por lo menos US$30 millones.
