De acuerdo con expertos, el Estado deberá responder a víctimas de La Modelo, en hechos ocurridos en marzo pasado.
Publicado por: Redacción Nacional
Los presos amotinados en marzo pasado en la cárcel La Modelo de Bogotá, supuestamente para exigir protección contra el coronavirus, fueron masacrados y varios de los 23 muertos recibieron disparos de fusil en estado de indefensión, revela una investigación publicada ayer por la Revista Semana.
La publicación se basó en fotografías, más de 50 horas de grabación de 20 cámaras del penal, testimonios y las necropsias para concluir que “por la forma como murió la mayoría de los detenidos, hubo un grave exceso en el uso de la fuerza de la guardia”, en resumen, “una masacre en la que varios de los detenidos murieron a bala en estado de indefensión”.
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Además del motín en La Modelo, esa noche hubo revueltas en cerca de diez cárceles del país, entre ellas las de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en las de Cómbita, Boyacá; Picaleña, Ibagué; Jamundí, Valle del Cauca, y Pedregal y Bellavista, en Antioquia.
Según la publicación, también se ve en videos cómo guardianes de la prisión golpean con palos y varillas metálicas a presos que estaban desnudos luego de rendirse.
Reparación directa
Ante estas revelaciones, David Murillo, docente de derecho de la Universidad Libre, considera que lo que podría pasar, por parte de las familias de las víctimas, es que después de terminar las investigaciones se otorgue lo que se denomina la “reparación directa”.
Explica el docente que “cuando una persona pierde la libertad, el Estado adquiere sobre esas personas una tutela, es decir, tanto la salud, la integridad e incluso la vida quedan en custodia del Estado y por esa razón los miembros del Inpec deben asegurar que se protejan los derechos de quienes están en las cárceles, porque estar privado de la libertad no significa tener suspendidos sus derechos”.
En consecuencia, dice Murillo, las víctimas deberán solicitar la investigación a través de denuncias para que se establezcan las responsabilidades individuales por homicidio y lesiones personales, para quienes son víctimas indirectas o para los mismo reclusos.
En este mismo sentido, Hernando Alvarez, docente de derecho de la Universidad San Martín, dice que de comprobarse que “hubo exceso de fuerza”, como lo señala la investigación periodística, puede pasar que el Estado tenga que entrar a responder patrimonialmente a los familiares, por las personas que perdieron la vida, así como por los heridos allí causados.
Recuerda Alvarez que el problema carcelario en Colombia viene con un acumulado de décadas en el que se ve delincuencia al interior de las cárceles y en el que no se encuentra todo lo que pregona el Código Penal, en cuanto a la resocialización.
