Según detalla el Gobierno, el mismo expresidente se ofreció a estar en la comisión.
Publicado por: D.V.
El Gobierno nacional anunció este miércoles 20 de diciembre, la comisión de expertos que tendrá la misión de preparar varios proyectos de ley para reformar la administración de justicia en Colombia.
Entre los 34 integrantes de la Comisión llama la atención el nombre del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, nada cercano al Gobierno Petro.
Le puede interesar: Los dos políticos cercanos al Gobierno Petro que han sido 'salpicados' por nexos con Álex Saab
La comisión también incluye reconocidos miembros de la academia, de sindicatos y de la política, lo que significa, según Néstor Osuna, ministro de Justicia y del Derecho, que no es un grupo “sectario” o “politizado”.
La lista la completan personalidades reconocidas en el mundo del derecho, como Francisco Bernate Ochoa, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, quien ha expresado en distintas ocasiones su interés en fortalecer la justicia digital, o la actual vicepresidenta de la JEP, Belkis Izquierdo Torres.
También puede encontrarse a la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia Molina, del Tribunal de Bogotá, quien en julio le negó la libertad al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, que en ese momento había sido nombrado gestor de paz por parte del Gobierno nacional.
El exvicefiscal Jorge Perdomo Torres, quien fue el segundo al mando en la Fiscalía de Luis Eduardo Montealegre, será otro de los integrantes, junto con Ramiro Bejarano Guzmán, presidente honorario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y Adriana Benjumea, codirectora de la Corporación Humanas.
Le puede interesar: Cambios en el gabinete ministerial: Presidente Gustavo Petro pedirá renuncias y moverá a ministros a mediados de enero
Las aristas que la Comisión discutirá, de acuerdo con Osuna, contemplan una modificación a la Constitución para cambiar las tareas de la Procuraduría General de la Nación, así como reformas legales que amplíen el número de jueces o que establezcan enfoques diferenciales a la hora de emitir fallos.
Así mismo, se busca brindar reglas claras para la presentación de acciones de tutela en contra de decisiones judiciales, un asunto que ha sido ampliamente discutido en la Corte Constitucional y en la academia, y la responsabilidad penal de personas jurídicas.
Néstor Osuna aseveró que las deliberaciones comenzarán a mitad de enero y tardarán tres meses. “Si los tres meses se vuelven cuatro, no hay problema”, agregó. Los proyectos que resulten de las distintas sesiones se presentarán al Congreso junto a otras iniciativas del Ministerio de Justicia.
*Con información de Colprensa.
