jueves 18 de julio de 2019 - 4:11 PM

Fumigación con glifosato, en manos del Consejo de Estupefacientes

Después de una fuerte deliberación que casi duró dos días, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó este jueves que las condiciones que se establecieron previamente para permitir el uso de glifosato en fumigaciones de cultivos ilícitos se mantiene.
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“Las condiciones se mantienen con precisiones. Lo que estamos dejando claro surgió con ocasión de un debate que el país dio, y que consideramos que no se entendió la sentencia del 2017 en la dimensión que ella tenía”, dijo la magistrada Gloria Ortiz, presidenta del alto tribunal.

La Corte explicó en su determinación que el Consejo Nacional de Estupefacientes tendrá la última palabra sobre el uso de la sustancia.

“El Consejo Nacional de Estupefacientes debe tomar la decisión de reanudar la aspersión aérea con base en la sentencia T-236 de 2017, que no señala condiciones absolutas. Debe ponderar”, explicó la Corte.

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Los magistrados reiteraron que es imprescindible que el Estado consulte con las comunidades ubicadas en las zonas de fumigación aérea y también que garantice que estas no sufrirán afectación ni en la salud de sus habitantes ni en el medio ambiente de la zona en la que se encuentran ubicados. debe hacer la consulta con las comunidades antes de iniciar las aspersiones aéreas. De no hacerlo no se pueden reanudar las fumigaciones con este químico.

El Gobierno deberá presentar “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”. Sin embargo, el tribunal aclaró que no pretende resultados absolutos, respecto a esto.

Según la Corte, lo que se requiere es “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”, pero eso “tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.

Los togados definieron que a la luz de estas pruebas, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá tomar “la decisión (...) en el marco de la política pública que se deriva del cuarto punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto para la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

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