¿Hay que temer por la JEP?



En la actualidad, cerca de 15 mil personas se han sometido a la Justicia Especial para la Paz, JEP, entre excombatientes, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y terceros, que podrían verse afectados si el presidente Iván Duque, no sanciona la Ley Estatutaria.
Y es que pese a que ya pasó por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, ahora sigue encontrando oposición a la sanción presidencial, como queda implícito en la carta del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez y desde otras orillas, como el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Ante este escenario incierto para la Justicia Especial para la Paz, al no contar aún con la sanción presidencial de la Ley Estatutaria, expertos consultados por Vanguardia Liberal opinaron sobre ¿en cuánto riesgo está la JEP? y sobre si hay una intención del uribismo, principalmente, para evitar que esta justicia funcione en el país.
Desestabilización
David Murillo Cruz, abogado y Docente de la Universidad Libre, considera que “en riesgo no está la JEP si tenemos en cuenta que hay una estabilidad en cuanto a los acuerdos de paz. Lo que sí pareciera es que quieren desestabilizarla y evitar que funcione bien, o a plena marcha, para que exista una sensación de inoperancia en la sociedad porque la Ley Estatutaria es el marco operativo que va a permitir el desarrollo de las normas constitucionales para la JEP; de hecho, ya está la ley de reglas y procedimientos que es como el código procesal para esta Justicia Especial, pero necesita la sustancia que determine los derroteros de ese procedimiento y esa sustancia la trae la Ley Estatutaria; no es que no vaya a funcionar, sino que lo va hacer a media marcha, en la medida en que le faltarán insumos”.
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En este mismo sentido, Luis Fernando Ramírez Hernández, Vicerrector de la Universidad de La Salle, indica que “existe una alta probabilidad de que el gobierno objete la Ley Estatutaria de manera parcial, y sería por uno de los artículos que contempla la ley y sobre los cuáles siempre ha habido ciertos cuestionamientos, no solamente por el Congreso, sino también ahora desde la Fiscalía”.
Reflejar inoperancia
Para Murillo Cruz es claro que “la intención de objetar la Ley Estatutaria es reflejar que la JEP es inoperante y por eso mismo está generando impunidad, en la medida en que se va a tomar las decisiones y de esa forma justificar la idea de que los Acuerdos de Paz fueron un simulacro para la impunidad de las Farc, pero también impedir que se conozca la verdad en la medida que va a operar a media marcha, entonces, la verdad llegará de la misma forma; en ese orden de ideas, no se sabrá con prontitud quiénes fueron los autores intelectuales y quiénes orquestaron el conflicto en Colombia”.
Por su parte, la socióloga Sara Tufano considera que “lo que siempre se ha dicho es que el uribismo lo que no quiere es que se conozca la verdad, esa es como la cuestión de fondo para tocar esa jurisdicción de paz, porque en el fondo ellos dicen que les preocupan los delitos contra los menores, pero en realidad esas no son las preocupaciones de fondo porque la Corte ya se ha pronunciado sobre eso y, además, durante las negociaciones ya se llegó a la conclusión de que la justicia restaurativa es la mejor manera de satisfacer a las víctimas. En el discurso del uribismo se dice que están pensando en las víctimas y no lo están haciendo, los que están buscando la impunidad son los uribistas y en particular la impunidad de Uribe. Además, por parte del Fiscal la cuestión es política, porque la Corte Constitucional se pronunció; entonces, es retomar este debate que tiene un interés político y que está relacionado con varios casos en los cuales él está involucrado”.
En este sentido, el Vicerrector de La Salle manifiesta que “el uribismo nunca se ha sentido conforme con la integración de la JEP, no tanto con el estamento como tal, sino sobre todo con el origen y los integrantes y la forma en que fueron seleccionados, pues el Centro Democrático siempre ha dicho que han tenido vínculos con la izquierda y podrían ser blandos a la hora de establecer sanciones”.
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Periodista de Vanguardia desde el 2001. Egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Miembro del equipo de la página Nacional. Nominada al premio Luis Enrique Figueroa.
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