La reforma fortalecerá la protección de los niños, niñas y adolescentes huérfanos, robustecerá el derecho de participación de las víctimas en todas las políticas públicas que las involucren y garantizará el acceso a la atención psicosocial.
Publicado por: K.M.
En los archivadores de la Casa de Nariño permanece, desde el 30 de mayo pasado, una ley aprobada por el Congreso y a la que solo le falta la sanción del presidente Gustavo Petro.
Se trata de la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un mecanismo que pretende dar más y mejores garantías a los 7,7 millones de colombianos sujetos de reparación por las afectaciones del conflicto armado.
Fue el propio presidente Petro quien planteó la necesidad de reformar la Ley de Víctimas, vigente desde 2011. Durante su intervención en la plenaria del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia en abril del año pasado, el mandatario señaló: “Los datos que tenemos, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, es que el valor de indemnización es de 301 billones de pesos. El presupuesto de este año para esa entidad es de 2,5 billones anuales. Simple matemática: 301 billones entre 2,5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas de 125 años. Es decir, aquí estamos hablando de una mentira”.
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A partir de ahí, varias entidades tomaron la iniciativa de presentar un articulado que recogiera las necesidades de las víctimas. Hasta el Congreso llegaron proyectos de los representantes de las curules de paz, del propio Gobierno y de la Defensoría del Pueblo.
El articulado que mejor acogida tuvo en el Legislativo fue el presentado por el Ministerio Público, cuya aprobación, tras nueve meses de trámite, representó un paso clave para la reparación integral de esta población.
Gustavo Petro no ha sancionado una reforma de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso por lo que no ha podido aplicarse para robustecer la atención a casi 10 millones de víctimas, pero ayer sí sancionó la ley de “no más olé”. Las víctimas pueden seguir esperando.
— Cáustico (@puntillazofinal) July 23, 2024
¿Qué cambiará con la reforma?
Diana Marcela Bustamante, exdefensora delegada para la Orientación y la Asesoría de las Víctimas del Conflicto y una de las constructoras del articulado, relató que el éxito de la reforma radicó en que fue el resultado de un proyecto de investigación que recogió, bajo la mirada científica, las necesidades expuestas por las víctimas y los técnicos en los informes de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas.
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Entre los principales ejes, la reforma propone un cambio general en la manera de trabajar en la reparación de las víctimas.
“La Ley 1448 de 2011 se construyó en clave de asistencia y atención, eso diluía un poco el acceso a la garantía de los derechos. La reforma, entonces, evita que se hable solo de medidas asistenciales y pone sobre la mesa la obligación del Estado de garantizarle a las víctimas los derechos sociales, económicos y culturales que el conflicto les vulneró”, explicó Bustamante.
La reforma fortalecerá la protección de los niños, niñas y adolescentes huérfanos, robustecerá el derecho de participación de las víctimas en todas las políticas públicas que las involucren y garantizará el acceso a la atención psicosocial.
Además, reconocerá nuevas víctimas, como los exiliados, los miembros de la Fuerza Pública, como los soldados regulares que prestaron servicio obligatorio y los firmantes de paz. Otro aspecto crucial es el enfoque diferencial para cada víctima, reconociendo las interseccionalidades por orientación sexual, discapacidad o lugar de origen.
Asimismo, la reforma buscará la coordinación interinstitucional entre todas las entidades del Estado que tienen algún tipo de competencia en los temas de víctimas, como la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas.
Novedad en restitución de tierras
Hasta el pasado 30 de junio, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) había recibido 156.276 solicitudes de campesinos que pidieron la devolución del predio que el conflicto les despojó.
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La URT reconoció que el 80% de estas víctimas están radicadas en ciudades y que el retorno a sus lugares de origen se dificulta porque las familias no quieren regresar al sitio donde sufrieron el hecho victimizante y porque han generado un nuevo arraigo en la ciudad.
“Nuestra propuesta estriba en una compensación para resolver aquellos casos en los que el retorno y la restitución es inviable. No podemos recargar esta situación en las víctimas”, señaló Bedoya. En este punto, se reglamentará una iniciativa piloto de la URT: la restitución en predios urbanos (casas o apartamentos) complementada con proyectos productivos desarrollados en el bien restituido.
¿Qué dicen las víctimas?
El último balance humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) reveló que ocho conflictos permanecen activos en Colombia. Solo en 2023 se registraron 145.049 desplazamientos forzados asociados al conflicto y 444 aparentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como amenazas, violencia sexual, reclutamiento forzado, homicidios y privaciones arbitrarias de la libertad.
Desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas afirmaron que los conflictos vigentes supondrán un reto para la implementación de la reforma.
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“Sabemos que las dificultades también tienen que ver con el amplio número de víctimas, que sigue aumentando por las situaciones de conflicto vigentes, y esto tiene que tenerse en cuenta en los ajustes presupuestales para que el Estado cumpla. La reforma es un paso importante”, señaló Eduardo Zapata, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas.
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La ejecución de la ley, entonces, parte con el reto del presupuesto en contra. Hasta ahora no está cuantificado el monto de recursos que se tendrán que destinar para su implementación.
EL COLOMBIANO conoció que se ha solicitado en cuatro ocasiones el concepto fiscal al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero hasta ahora no ha sido entregado.
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Una vez el presidente Petro estampe su firma, la responsabilidad recaerá sobre Lilia Solano, la recién posesionada directora de la Unidad para las Víctimas, quien deberá coordinar y ejecutar las disposiciones que ordena la reforma.
Con información de El Colombiano.
