Aunque el Presidente Iván Duque Márquez anunció hace pocas horas que no objetará la Ley Estatutaria de la JEP, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le envió al presidente una carta con cuatro reparos a la misma.
De acuerdo con Martínez Neira, el documento que fue estudiado por el Congreso de la República y posterior a ello, por la Corte Constitucional, tiene cuatro disposiciones que a su juicio fomentan la impunidad.
El fiscal envió una carta de nueve páginas al presidente de la República con sus críticas contra la ley, que se resumen en cuatro reparos:
- Los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo delitos como el narcotráfico.
- De acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no a que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.
- La norma también impide, según el fiscal, que la entidad a su cargo continúe adelantando investigaciones relacionadas con el conflicto armado, mientras la JEP asuma los casos.
- Y finalmente, también de acuerdo con Martínez, el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgue amnistía a los autores de crímenes de guerra.
Los cuatro temas, según el fiscal, fueron discutidos en el Congreso, pero fueron modificados en el texto final de la ley, que llegó a manos del presidente para su firma.
Los argumentos de los reparos
Sobre el primer reparo, que relaciona a los excombatientes que continúan cometiendo el delito de narcotráfico, el fiscal catalogó dicha posibilidad como “muy delicada”.
“Es inequívoco, entonces, que en la memoria del Acto Legislativo de la JEP, quedó registrado el acuerdo según el cual la competencia de la jurisdicción para el narcotráfico continuado, después del acuerdo de paz sería definida a favor de la justicia ordinaria, no por un prurito de poder jurisdiccional, sino para que todo aquel que continuara en el narcotráfico después de la reincorporación quedara privado de los beneficios punitivos penitenciarios y de garantía de no extradición”, dice la misiva.
Bajo ese entendido, el fiscal explicó que la JEP sería competente para conocer los delitos de “ejecución permanente”. Por ello, los efectos de los mismos, no solo se traducen en la determinación de la JEP como juez natural, sino que lo más grave es que, “pese a tratarse de desmovilizados y de haber asumido el compromiso de no repetición, su conducta sería juzgada con régimen de penas ampliamente benigno y con los beneficios penitenciarios de la JEP”.
Sobre el segundo reparo, según el cual la reincidencia en el secuestro, el narcotráfico y homicidios no implica la perdida de los beneficios de la justicia transicional, el fiscal en su misiva expuso que, “esta cuestión no es un asunto menor si se tiene en cuenta las cifras en materia de reincidencia que a la fecha ha consolidado la Fiscalía General de la Nación en lo que va del posconflicto”.
A juicio del jefe del ente acusador, desde que empezó la reincorporación se tienen estadísticas de 361 investigaciones desde la reinserción, por lo que de entrar en vigencia estos hechos serán conocidos por la JEP. “Hay 31 casos por tráfico de estupefacientes, 24 homicidios, 22 amenazas, 10 casos de delitos sexuales y 10 secuestros”.
Para Martínez Neira, la oportunidad de la reinserción es que los excombatientes entren a la vida civil como ciudadanos de bien y no para que sigan cometiendo delitos que son comunes en el marco del conflicto armado.
El tercer reparo que menciona el fiscal en su carta relacionado con la suspensión de investigaciones de delitos relacionados con el conflicto, el funcionario explicó que de seguir como está el documento, la Fiscalía no tendría potestad para continuar con las investigaciones que se surten contra excombatientes de las Farc.
“Tal propuesta de norma, el impedir la práctica de diligencias y actuaciones, suponía la suspensión automática de todas las investigaciones en cuestión, lo cual consistía en un incentivo de la impunidad, en la medida que se paralizaba de iure, la acción de la justicia”, dice la misiva.
Así las cosas, el jefe del ente acusador explicó que no sería posible llevar a cabo entrevistas, interrogatorios, indagatorias, declaraciones juradas y audiencias de formulación de imputación de cargos a los reinsertados “lo que en la práctica equivaldría a que, la JEP asume competencia en estos casos, no habría jurisdicción que opere y asuma efectivamente tales investigaciones”.
Por último, Martínez Neira expresó que en relación a la posible impunidad para autores de crímenes de guerra la recomendación del ente acusador siempre fue que el Estado no debía renunciar a su deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes en contra de la humanidad.
Sin embargo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas, la Fiscalía halló que “Colombia podría llegar a eximir de toda responsabilidad penal a los autores de estos delitos cuando no sean considerados máximos responsables”.
Si bien, la carta se encuentra en el despacho del presidente Duque, hace unas horas, el mandatario de los colombianos aseguró que no objetará la normativa porque ya pasó por revisión de la Corte Constitucional.
“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”, dijo el presidente.
La respuesta de la JEP
Una vez se conoció de tal aseveración por parte del fiscal, se hizo público un comunicado de la presidenta de la Jurisdicción Especial, Patricia Linares, en el que manifiesta que “teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía jurídica que impone el Estado de derecho para los 9.691 excombatientes de las Farc, 1958 miembros de la Fuerza Pública y 39 agentes del Estado, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley”.
Voceros de la JEP aclararon que esta solicitud la realizó la justicia transicional desde el pasado 4 de febrero. “La JEP seguirá actuando en el marco estricto de la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia”, señaló la publicación.
