viernes 18 de septiembre de 2020 - 10:05 AM

La ONU y la paz de Colombia, un acuerdo exitoso de implementación incierta

Colombia intentó durante tres décadas negociar el fin del conflicto con las guerrillas pero todos los esfuerzos fracasaron por la desconfianza mutua hasta que en 2016 el Gobierno y las Farc llegaron a un acuerdo en el cual fueron determinantes las garantías de la ONU para el desarme y desmovilización de más de 13.000 combatientes.
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“Probablemente el acuerdo hubiera sido posible sin la ONU, pero el resultado habría sido mucho menos bueno porque justamente una de las cosas que funcionó impecablemente bien fue todo el proceso de desarme y desmovilización de las Farc”, dijo desde Bruselas el ex alto comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo.

Durante cuatro años las partes negociaron en La Habana con Cuba y Noruega como países garantes, apoyo que tuvo la participación de Naciones Unidas que aún hoy supervisa sobre el terreno la implementación del acuerdo final firmado en noviembre de aquel año, un proceso que ha resultado mucho más complejo de lo que se esperaba.

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Jaramillo, negociador y estratega del acuerdo de paz, reconoce que en buena parte el proceso fue exitoso gracias a la Misión Especial de las Naciones Unidas que se encargó de la dejación de armas no solamente en su aspecto técnico sino también en su componente político. Con eso lograron que el proceso fuera “creíble y legítimo” ante los colombianos y el mundo.

Garantías y confianza

El 19 de enero de 2016 el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc anunciaron al mundo el interés de que la ONU asumiera la tarea de verificar la implementación de los acuerdos que finalmente llevaron al silencio de los fusiles después de más de medio siglo de sangre y muerte.

A los pocos días el Consejo de Seguridad se comprometió por unanimidad a supervisar el cese el fuego definitivo, el tránsito a la vida civil de los desmovilizados y la implementación de cada uno de los seis puntos de la agenda negociada en La Habana.

Aunque el desarme (que culminó en 2017) fue clave para aterrizar el acuerdo, la ONU participó desde las negociaciones. Su participación se volvió imprescindible cuando asumió el monitoreo y verificación del acuerdo, un paso fundamental para cimentar la confianza entre el Gobierno y la guerrilla.

Durante la negociación, Naciones Unidas asumió un rol que en principio parecía modesto pero terminó siendo fundamental: organizar conferencias con la Universidad Nacional para recoger propuestas de la sociedad que luego fueron llevadas a la mesa de diálogo en la capital cubana.

“Ese trabajo fue el que sentó las bases de confianza que permitió que posteriormente las Farc aceptaran a Naciones Unidas como la organización internacional que iba a asumir las tareas de monitoreo y verificación, y permitió además que el proceso saliera tan bien”, señala Jaramillo.

Histórico y exitoso

Aunque la ONU había participado en el fracasado proceso de negociación de San Vicente del Caguán, con el que el Gobierno del presidente Andrés Pastrana buscó el desarme de las Farc entre 1998 y 2002, el diálogo entre el Ejecutivo de Santos y esa guerrilla le dio vía libre para convertirse, por primera vez, en el órgano internacional verificador de un acuerdo de paz en Colombia.

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La Misión de Verificación define el proceso como histórico y exitoso, aunque reconoce los desafíos que todavía tiene Colombia para cumplir los compromisos en materia de seguridad, sustitución de cultivos y justicia transicional. Es decir, poner en marcha buena parte de lo que aún está pendiente.

“Colombia es un caso paradigmático, es un caso de éxito. Evidentemente tenemos muchos retos en la implementación integral como tal, pero nunca hay que perder de vista todos los logros que ya ha tenido Colombia. Para las Naciones Unidas es muy significativo ser parte de este proceso de éxito”, manifestó a Efe el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu.

El diplomático mexicano califica la dejación de armas de las Farc como “un proceso limpio”, hecho en tiempo récord y con mecanismos innovadores, pero advierte que el país debe mantener su compromiso para que el éxito de la desmovilización perdure.

Internacionalizar los Acuerdos

El espaldarazo de la ONU al mecanismo tripartito también le otorgó al proceso de paz un aval internacional crucial para dar garantías tanto a la guerrilla como al equipo negociador del Gobierno. ”Si no había verificación, por buenos que fueran los acuerdos, siempre iba a haber una desconfianza entre las partes. Eso sin duda es el reflejo de lo que ha significado Naciones Unidas en el mundo”, explica el excanciller colombiano Julio Londoño.

Para Londoño, más allá de las críticas que hoy se puedan hacer a las misiones de la organización en Colombia, su acompañamiento a los acuerdos ha sido “absolutamente fundamental”. ”Hubiera sido muy difícil poder concertar un acuerdo sin la intervención de la ONU”, subraya.

El mandato de la Misión, que se renueva cada año, verifica la reincorporación económica, social y política de los exguerrilleros y la seguridad en los territorios, y ha facilitado mecanismos para resolver conflictos entre las partes en un proceso tan complejo y de tan largo alcance como este.

Ruiz Massieu espera que la Misión sea renovada al menos por los próximos dos años del Gobierno actual, pero como acota Jaramillo “un proceso de paz es un organismo vivo, como una planta que hay que estar regando permanentemente y una manera de mantenerla en buen estado es garantizando que haya una vigilancia adecuada a los compromisos”.

Lo que falta

El proceso de dejación de armas fue aplaudido y celebrado por los países miembros de la ONU comprometidos con la agenda de paz en Colombia, pero algunos compromisos todavía siguen en el papel. Naciones Unidas ha manifestado constantemente su preocupación por el aumento de la violencia en Colombia, especialmente desde 2019 cuando se dispararon las cifras de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados de las FARC asesinados.

El más reciente llamado de atención lo hizo la organización en agosto al alertar que los enfrentamientos entre los grupos armados que se disputan el control de los territorios cedidos por las Farc y el poder sobre economías ilícitas como el narcotráfico han dejado múltiples masacres y desplazamientos masivos en zonas convulsas.

Los informes de la Misión en Colombia no siempre han sido bien recibidos por el Gobierno del presidente Iván Duque que en varias oportunidades ha cuestionado las conclusiones de los documentos y señalado un supuesto sesgo hacia el país.

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Cuando Duque llegó a la Presidencia de Colombia, en agosto de 2018, impulsado por el partido de derechas Centro Democrático, principal crítico de las negociaciones de La Habana y que abanderó en 2016 la campaña del “No” en el plebiscito, provocó grandes dudas sobre la implementación del acuerdo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó entonces que albergaba “esperanzas” de que el Estado pudiera garantizar la seguridad, el desarrollo y el estado de derecho en las zonas afectadas por el conflicto; consolidar un sistema eficaz de verdad, justicia y reparación a las víctimas, y cumplir los compromisos esenciales contraídos con quienes dejaron las armas.

Con esa esperanza, la ONU seguirá teniendo un papel clave para resolver aspectos tan delicados como el continuo asesinato de los exguerrilleros o para monitorear las sanciones que emita el Sistema de Justicia Transicional, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada tras la firma del acuerdo.

“Ese es un tema muy sensible, al igual que el desarme, y por eso se requiere que lo acompañe la organización de mayor credibilidad como lo es la Misión Especial con un mandato del Consejo de Seguridad”, señala Jaramillo.

La renovación del mandato y las condiciones que haya solicitado el Gobierno al Consejo de seguridad para que sea la Misión la que verifique las sanciones propias de la JEP están pendientes de aprobación.

Ese capítulo será decisivo para determinar si el éxito de la Misión se extendió también al compromiso del país de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a los más de ocho millones de víctimas de todo tipo de crímenes que dejó el conflicto armado, que a pesar de los esfuerzos perdura en las acciones de disidentes de las Farc y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, entre otros grupos.

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