Será la primera vez que en un proceso electoral en Colombia haya una misión de observación de la UE y se trata de unos comicios especialmente complejos, ya que se renovará Congreso, habrá consultas internas y se eligen las curules de paz.
La Misión de Observación Electoral, MOE, de la Unión Europea (UE), que se encuentra desplegada por primera vez en Colombia, se mostró ayer preocupada por el impacto que la violencia pueda tener en las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo y en las presidenciales de mayo.
“Una de las cuestiones que la MOE analizará serán las condiciones de seguridad en un país plural y diverso donde existen realidades territoriales muy diferentes. Pero la violencia es un desafío estructural para el país, somos plenamente conscientes de ello”, aseguró a Efe el jefe de la MOE, el eurodiputado español Javi López.
En este sentido, López, en la línea de lo expuesto por la embajada de la UE y las de los 27 estados miembros, expresó “su absoluta repulsa” al paro armado de tres días iniciado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, el pasado miércoles y que “además intenta condicionar el proceso electoral del país”.
La guerrilla bloqueó varias vías, sobre todo durante el primer día, en varios departamentos del país e incluso ejecutó atentados como el ocurrido en Santander, en donde varios operarios resultaron heridos.
En ese sentido, el eurodiputado socialista subrayó que “la Unión Europea en su conjunto de los 27 Estados Miembros han hecho la más enérgica condena al uso de la violencia, especialmente durante un proceso electoral”.
Vigilancia al fraude
Los 34 observadores de más de 20 países que ya están desplegados (y que llegarán a ser más de 100 para los días de comicios) estarán especialmente vigilantes del buen funcionamiento de las urnas electorales, de la jornada y también de las mecánicas ya denunciadas en otros momentos como la compra de votos por parte de algunos candidatos.
Cabe recordar que hay una operación judicial abierta contra una excongresista, Aida Merlano, por delitos electorales por los que fue condenada a 15 años de prisión por compra de votos en su elección en 2018, en una práctica que se ha denunciado repetidamente.
