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Editorial
Miércoles 18 de noviembre de 2026 - 01:00 AM

Salario mínimo: una negociación que exige rigor

Publicado por: Editorial

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Comienza formalmente la negociación del salario mínimo para 2027 y conviene subrayar, aunque es evidente, que el interés general se dirige hacia la idea de que esa discusión se lleve con la mayor objetividad posible. La comisión tripartita encargada de este delicado asunto, conformada por empleadores, trabajadores y Gobierno, no puede permitirse improvisaciones ni cálculos alejados de los criterios técnicos, sino evaluar sobre la base de las cifras oficiales que se le entregan para sustentar cada decisión y, aunque, obviamente, no pueden desconocerse tendencias ideológicas, se debe debatir con rigor y pensando, sobre todo, en llegar a la cifra que beneficie al país en su totalidad.

Partiendo de la base de $1.750.905 fijada para 2026, la comisión debe examinar la inflación causada y la proyectada, la productividad laboral que calculan el DANE y la subcomisión técnica, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el impacto sobre el empleo formal, la informalidad, los costos de las mipymes y las finanzas públicas. Cada uno de esos factores tiene sustento legal y técnico, en tanto aporta insumos a la discusión que certifican las entidades oficiales encargadas de cada una de estas variables.

En la comisión tripartita, además del Gobierno Nacional, los empleadores y los trabajadores, también participan representantes de pensionados y desempleados, además del DANE y el Banco de la República, como invitados permanentes, sin voto, pero con voz para aportar cifras oficiales, una estructura que debe propiciar el hecho de que la decisión final refleje un equilibrio real y sustentado entre las partes.

Las tensiones son obvias cada vez que esta comisión se reúne, pues los intereses en juego son de alto valor; por eso, lo deseable es que las expectativas de cada uno se atiendan ampliamente, pero sobre bases verificables y no sobre expectativas, presupuestos o prejuicios que luego la economía no pueda sostener. Un salario mínimo que no se ajuste, por lo alto o por lo bajo, a lo que la productividad y el crecimiento permiten, termina afectando el empleo formal, presionando la informalidad y golpeando probablemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la mayor fuente de trabajo en Colombia.

El calendario es otro factor a tomar en cuenta, pues el 15 de diciembre es el primer plazo legal para lograr un acuerdo concertado y el 30 de diciembre es la fecha límite definitiva. Si para entonces no existe consenso entre empresarios y trabajadores, el Gobierno Nacional deberá fijar el salario mínimo por decreto, una posibilidad que, si bien es totalmente legal, no debería convertirse en el objetivo de nadie porque significaría el fracaso del diálogo y el entendimiento.

Por esto, ninguna de las partes debería sentarse a la mesa con una posición intransigente. Los empleadores deben presentar sus cálculos de costos y productividad con transparencia; los trabajadores deben sustentar sus propuestas con cifras de inflación y variables sobre poder adquisitivo, mientras el Gobierno debe actuar como auspiciador del equilibrio entre las partes y garante del bien general; los invitados técnicos, por su parte, deben contribuir con cifras sin sesgos y todo esto debe moverse dentro del plazo legalmente establecido.

Publicado por: Editorial

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